EEUU deporta a 500 migrantes desde centro en Florida

El gobernador Ron DeSantis confirma que el centro ‘Alligator Alcatraz’ opera como hub de deportaciones. Los vuelos, gestionados por el DHS, comenzaron la semana pasada. Activistas y jueces federales cuestionan las condiciones del lugar.

«Un hub para acelerar las deportaciones»

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, detalló que se han deportado «a más de 100 directamente» desde el centro, ubicado en un aeropuerto abandonado en los Everglades. Además, entre 300 y 400 migrantes han sido trasladados desde allí a otros estados para su deportación. El sitio, con capacidad para 2.000 personas (ampliable a 4.000), se ha convertido en un punto clave para la política migratoria federal.

Operaciones coordinadas con el DHS

Las aeronaves, operadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), llevan a migrantes de «seis o siete países diferentes» a centros como Luisiana, donde se organizan vuelos por nacionalidad. DeSantis, del Partido Republicano, defendió que estas deportaciones son «un elemento disuasorio» para la migración irregular.

Protestas y cuestionamientos legales

Dos jueces federales pidieron información sobre el funcionamiento del centro, mientras avanzan demandas de defensores de migrantes y ambientalistas. Estos grupos acusan a las autoridades de «evadir responsabilidades» sobre condiciones de detención e impacto ambiental. Activistas denuncian que el sitio, al que llaman «jaula para perros», ha albergado a 1.000 personas desde su apertura el 3 de julio, con seis hospitalizaciones.

Un estado en el ojo del huracán migratorio

Florida, bajo el liderazgo de DeSantis, ha sido pionera en aplicar políticas alineadas con la Administración Trump. El gobernador mencionó que entre 50.000 y 80.000 migrantes en el estado tienen orden de deportación. Aunque planteó abrir otro centro en Camp Blanding, condicionó la decisión al ritmo de operaciones en ‘Alligator Alcatraz’.

Un capítulo más en un debate polarizado

Las deportaciones masivas desde Florida reflejan la intensificación de controles migratorios en EEUU, mientras organizaciones civiles incrementan la presión legal. El futuro del centro dependerá de resoluciones judiciales y de la capacidad operativa del DHS.