Candidatos proponen reformas al sistema de pensiones en plena campaña electoral

Jubilados exigen modificar la Ley 065 para mejorar rentabilidad y participación. El debate surge en medio de las elecciones del 17 de agosto, con propuestas que incluyen multifondos y ajustes en el cálculo de expectativa de vida. La Gestora Pública administra los fondos desde 2023.

«No podemos jubilarnos con pensiones indignas»

Los candidatos presidenciales Manfred Reyes Villa (APB – Súmate) y Samuel Doria Medina (Unidad) plantean reducir la expectativa de vida usada para el cálculo de pensiones de 100 a 75 años. «Un médico que gana Bs 10.000 recibe solo 3.000 al jubilarse», criticó Reyes Villa. Desde Unidad añaden que «los estudios actuariales actuales son irreales».

Multifondos y administración privada: ¿solución o riesgo?

Las alianzas Unidad y Libre proponen que los aportantes elijan entre la Gestora Pública y administradoras privadas, con opciones de inversión en moneda extranjera o UFVs. Ramiro Cavero (Libre) advierte: «Invertir solo en bolivianos a tasa fija erosiona el ahorro por la inflación». Expertos como Germán Molina recuerdan que esto requeriría una reforma constitucional.

Jubilados pisan fuerte en el debate

Rodolfo Ayala (Conaljusip) anunció un conversatorio el 8 de agosto para exigir cambios en la Ley 065: diversificación de inversiones, participación en la Gestora y actualización anual de límites solidarios. Federico Zelada (Flora Tristán) propone «restaurar el sistema de reparto en 40% y aumentar aportes patronales».

Un sistema bajo la lupa

La Gestora Pública administra Bs 196,5 millones de 2,7 millones de asegurados desde 2023, tras la salida de las AFP privadas. Economistas como Alberto Bonadona cuestionan que la rentabilidad no mejoraría con administradoras privadas, al depender de los mismos instrumentos (DPF o bonos estatales).

El futuro se decide en las urnas… y en la ley

Las propuestas electorales chocan con limitaciones legales y técnicas. Mientras los candidatos prometen flexibilidad, los jubilados y expertos insisten en que cualquier cambio debe empezar por reformar la Ley 065. La viabilidad dependerá del próximo gobierno y la Asamblea Legislativa.