Perú intercepta 20 toneladas de mercurio con destino a minería ilegal en Bolivia
El cargamento, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, revela la escala del tráfico de insumos para extracción aurífera ilegal. La SUNAT peruana lo decomisó en el Callao el pasado viernes. Según la EIA, este flujo alimenta una red que generó $US 8 mil millones en oro ilícito en la región.
«Mercurio mexicano, oro boliviano: la ruta de la ilegalidad»
El informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) expone que 200 toneladas de mercurio salieron ilegalmente de México hacia Perú, Colombia y Bolivia entre 2019 y 2025. «Es un récord global», señala el documento. El metal líquido se usa para amalgamar oro en minas informales, especialmente en la Amazonía boliviana, donde la actividad crece por los altos precios del mineral.
Impacto en Bolivia: producción caída y mercado paralizado
Mientras el oro ilegal florece, la producción legal en Bolivia se desplomó un 53.9% en 2024, pasando de 46,6 a 21,5 toneladas. EPCORO, la empresa estatal, suspendió compras a cooperativas y ventas al Banco Central de Bolivia (BCB) por la volatilidad de precios internos (Bs. 1.200/gramo). «Esto podría incentivar el contrabando», advierte el texto.
Políticos en la mira: minería ausente en campañas
Los candidatos a las elecciones de 2025 omitieron propuestas concretas contra la minería ilegal, pese a su expansión. Según el análisis, «ningún partido aborda críticamente el vínculo entre cooperativas y capitales privados». Incluso, algunos incluyeron a líderes cooperativistas en sus listas legislativas.
Oro caro, problemas baratos
El precio del oro, según J.P. Morgan, alcanzará $US 3.300 en 2025 y $US 3.600 en 2026, lo que presionará aún más la explotación ilegal. Bolivia carece de políticas claras para regular el sector o agregar valor al mineral, según el análisis del CEDLA.
Un futuro dorado… para la informalidad
El próximo gobierno enfrentará el reto de controlar una minería aurífera creciente pero desregulada. La permisividad actual y la falta de estrategias políticas sugieren que la ilegalidad seguirá expandiéndose, con consecuencias ambientales y económicas no cuantificadas.
