Cinco militares ingresan en prisión por contrabando en Oruro

Cinco militares fueron detenidos por facilitar el paso de camiones con mercancía ilegal en la frontera de Oruro, según investigaciones.
Opinión Bolivia

Cinco militares ingresan en prisión por facilitar contrabando en Oruro

Los acusados permanecerán tres meses en el penal de San Pedro. La detención preventiva se dictó tras una audiencia de medidas cautelares. Los uniformados habrían permitido el paso de camiones con mercancía ilegal a cambio de dinero, según investigaciones.

«Huellas de corrupción en un puesto militar desatendido»

La investigación comenzó tras una denuncia sobre vehículos con contrabando en el Hito 23, zona bajo custodia militar. Al llegar, las autoridades encontraron el puesto abandonado, con rastros de camiones pesados y un Nissan Condor averiado que contenía una radio de comunicación. Los militares asignados al lugar fueron interceptados con pruebas comprometedoras.

Las pruebas clave

En los teléfonos de los detenidos se hallaron mensajes que vinculaban el paso de 17 camiones ilegales con un pago de 27.600 bolivianos. Además, portaban una radio operando en la misma frecuencia que la del vehículo abandonado. «El manual de operaciones exige transparencia, y aquí hubo clara complicidad», señaló el viceministro Luis Amílcar Velásquez.

Operación fallida en la frontera

El caso expone falencias en el control de zonas estratégicas. Oruro, región fronteriza, es vulnerable al contrabando, y este incidente revela cómo algunos efectivos habrían aprovechado su posición para beneficiar redes ilícitas. La detención preventiva busca evitar obstrucciones a la investigación.

Un problema que no es nuevo

Bolivia enfrenta desafíos persistentes contra el contrabando, especialmente en áreas con poca vigilancia. El Hito 23 ya había sido señalado antes por filtraciones, pero esta es la primera vez que se imputa a militares en activo por colaborar directamente con la actividad ilegal.

Justicia en marcha

Los tres meses de detención permitirán profundizar en las pruebas. El caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en fuerzas de seguridad, aunque su impacto real dependerá de las sentencias y de medidas posteriores para reforzar los controles.