Gobierno defiende mecanismos de protección para periodistas y Ley 351
El Ejecutivo afirma que SEPDAVI y la Defensoría del Pueblo garantizan derechos, mientras la ANPB denuncia impunidad en 495 agresiones a comunicadores (2022-2024). La polémica surge tras el EPU, donde Bolivia aceptó 254 recomendaciones pero anotó 20, incluyendo la creación de un mecanismo específico para periodistas.
«Protección declarativa vs. violencia persistente»
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, aseguró que SEPDAVI ofrece apoyo legal y psicológico a periodistas agredidos, además de citar a la Defensoría del Pueblo como instancia de respaldo. Sin embargo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) cuestiona su eficacia: «En el caso Las Londras, SEPDAVI intentó disuadir a los periodistas de denunciar», reveló su presidenta, Zulema Alanes.
Datos que alarman
Entre 2022 y 2024 se registraron 495 vulneraciones a la libertad de prensa, con un 40% siendo ataques directos (violencia física, amenazas de muerte o intimidación). Alanes destacó que la impunidad es la norma, como en el juicio por el caso Las Londras, iniciado cinco años después de los hechos.
Ley de acceso a la información: un pendiente de década
El EPU recomendó acelerar una norma de acceso a la información pública, pero el Gobierno solo «tomó nota». Un proyecto basado en el modelo OEA 2.0 fue aprobado en el Senado en octubre de 2024, pero está estancado en Diputados. «No hay voluntad política», denunció Alanes, recordando que Bolivia es uno de los pocos países sin esta ley.
Respuesta oficial
El Ministerio de Justicia citó el DS 28168 (2005) y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental (Ley 1182/2019) como garantías. Pese a ello, los periodistas enfrentan restricciones prácticas, como presiones para revelar fuentes o negativas de acceso a datos estatales.
Ley 351: ¿regulación o restricción?
El Gobierno insistió en que la Ley 351 no limita la operación de ONGs, sino que regula su registro. Claudia Terán de UNITAS rebatió: «Desde 2013, el EPU pide modificarla por ser desproporcionada». La norma afecta derechos vinculados como la libertad de expresión y protesta, según organismos internacionales.
Un pasado que pesa
El EPU es un mecanismo de la ONU que evalúa a los Estados cada 4-5 años. Bolivia recibió 275 recomendaciones en 2025, aceptando la mayoría. Sin embargo, persisten debates históricos: la OACNUDH no opera en el país desde 2017, y el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos recién se elaborará tras el informe final del EPU (2 de julio de 2025).
Entre lo dicho y lo hecho
El conflicto radica en la discrepancia entre las garantías legales citadas por el Gobierno y la realidad denunciada por periodistas y defensores. Mientras el Ejecutivo prioriza ajustes normativos, la ANPB y UNITAS exigen acciones concretas contra la impunidad y reformas a leyes consideradas restrictivas.
