Defensoría de Bolivia critica respuesta ante pornografía infantil

La Defensoría del Pueblo de Bolivia califica de insuficiente la respuesta estatal frente a la pornografía infantil, pese a la incautación de 11.000 archivos ilegales en julio.
El Deber

Defensoría de Bolivia critica respuesta «insuficiente» ante pornografía infantil

Se incautaron 11.000 archivos ilegales en julio. La institución alerta sobre la expansión digital de este delito y exige mayor acción estatal. Dos redes criminales fueron desarticuladas este mes, según datos oficiales.

«Una vulneración alarmante en entornos digitales»

La Defensoría del Pueblo calificó de «insuficiente» la respuesta del Estado boliviano frente a la pornografía infantil, pese a los avances recientes. En julio, la Policía desmanteló dos redes dedicadas a este crimen y confiscó más de 11.000 archivos con contenido violento y sexual. «Esto evidencia la gravedad del problema», señaló la entidad.

Datos que preocupan

Según el Ministerio Público, hasta junio se registraron 136 casos, aunque la Defensoría advierte que esta cifra «subestima la magnitud real». La ley boliviana tipifica el delito desde 2012, pero «la expansión digital, con anonimato y alcance transnacional, requiere medidas más contundentes».

Recomendaciones urgentes

La institución instó al Estado a adherirse al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia para mejorar la cooperación internacional. También pidió «tolerancia cero» mediante políticas con recursos suficientes y marcos normativos fortalecidos. «Es clave la corresponsabilidad de familias, educadores y medios», remarcó.

Un problema con raíces profundas

Bolivia cuenta desde 2012 con la ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, que incluye la pornografía infantil. Sin embargo, el Sistema de la ONU recomendó en 2025 reforzar la protección frente a la cibercriminalidad, destacando la necesidad de tratados internacionales.

Un llamado a la acción conjunta

La Defensoría enfatizó que combatir este delito requiere una estrategia integral con participación estatal y social. La ciudadanía debe estar alerta ante los riesgos digitales, mientras las autoridades deben priorizar investigaciones y sanciones efectivas.

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