Juez ordena traslado de Camacho a Santa Cruz para juicio tras 14 intentos fallidos
El gobernador cruceño enfrentará el juicio por el caso Decretazo el 25 de julio. La decisión judicial llega tras un año y medio de postergaciones por incumplimientos del Régimen Penitenciario. Camacho permanece detenido en Chonchocoro desde 2022.
«Ya no admitimos excusas»: la batalla legal
El tribunal constitucional falló a favor de una Acción de Libertad presentada por la defensa de Luis Fernando Camacho, tras 14 órdenes judiciales incumplidas desde 2024. «Si no se cumple, sería un delito por desobediencia», advirtió su abogado, Martín Camacho. Las autoridades penitenciarias alegaron falta de presupuesto, combustible y bloqueos para justificar las negativas.
Detalles del traslado
Una vez en Santa Cruz, el gobernador quedará recluido en la cárcel de Palmasola durante el juicio. La audiencia inicial, prevista para enero de 2024, fue suspendida reiteradamente por la ausencia del acusado.
El caso Decretazo y otros procesos pendientes
El juicio se centra en la aprobación del Decreto Departamental 373 (2022), donde Camacho delegó funciones a un secretario en lugar del vicegobernador, violando el estatuto autonómico. Además, enfrenta otros tres procesos: – Golpe de Estado I: en fase final, pendiente de sentencia. – Carro bombero: por presunta compra irregular de Bs 1.730.000. – Paro de 36 días: con excepciones legales sin resolver.
Críticas a las dilaciones
La defensa acusa a los ministerios de Gobierno y Justicia de «obstaculizar el proceso» con recursos improcedentes. «No pueden modificar un auto de apertura inapelable», sostuvo el abogado.
Un traslado en medio de la polarización
Camacho, figura clave de la oposición al gobierno de Luis Arce, mantiene su apoyo a la alianza Unidad (candidatura de Samuel Doria Medina). Su detención ha generado divisiones políticas nacionales e internacionales.
El viernes 25: un día clave
El inicio del juicio marcará un precedente sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales en Bolivia. La defensa insiste en que cualquier nuevo incumplimiento sería penalmente sancionable.
