EEUU rechaza 460.000 solicitudes de reducción de pago de préstamos estudiantiles
El Departamento de Educación denegará el 31% de las peticiones pendientes. La medida afecta al plan SAVE, bloqueado judicialmente desde 2024. El gobierno de Trump impulsa nuevos sistemas de pago mientras los prestatarios permanecen en espera.
«El plan SAVE ya no es una opción legal»
Según documentos internos, 460.000 solicitantes del plan de pagos ajustados a ingresos (IDR) serán rechazados, al elegir la cuota mensual más baja vinculada al SAVE. Un portavoz del Departamento de Educación afirmó que este programa, creado bajo Biden, «fue bloqueado por los tribunales en junio de 2024». La administración actual lo considera «una carga para los contribuyentes».
Repercusión para los prestatarios
Los afectados permanecen en forbearance (pausa temporal) mientras los tribunales deciden el futuro del SAVE. Expertos alertan que muchos no sabían que solicitaban este plan al escoger la opción de pago mínimo. Persis Yu, del Student Borrower Protection Center, advierte que «si sus ingresos cambiaron, tendrán cuotas más altas y pagarán más a largo plazo».
Un sistema en transición
El gobierno de Trump implementará dos nuevos planes de pago y eliminará progresivamente las opciones actuales, según su reforma educativa. El Departamento insta a los prestatarios a «explorar alternativas», aunque algunos, como Scott Buchanan (Student Loan Servicing Alliance), sugieren que vuelvan a solicitar un plan desde cero.
De Biden a Trump: el vaivén de los préstamos
El SAVE, lanzado en 2023, limitaba los pagos al 5% del ingreso discrecional para pregrado y 10% para posgrado. Su bloqueo judicial y la llegada de la nueva administración dejaron en limbo a 1.5 millones de solicitantes, con un backlog que ahora se reduce parcialmente con los rechazos.
Un futuro con cuotas menos flexibles
La medida refleja el cambio de estrategia en el manejo de la deuda estudiantil en EEUU. Mientras los defensores de los prestatarios temen un mayor endeudamiento, el gobierno prioriza simplificar el sistema bajo criterios fiscales más estrictos. La transición culminará en otoño, cuando se reubique a los afectados por el SAVE.
