Juzgado ordena traslado de Camacho a Santa Cruz para juicio del «caso decretazo»
La autoridad cruceña llegará el 25 de julio tras 14 suspensiones del juicio. Un fallo constitucional obliga al Régimen Penitenciario a cumplir el traslado tras recurrentes incumplimientos desde enero de 2024. El proceso está paralizado por la negativa del Gobierno a audiencias presenciales.
«Un año y siete meses de dilaciones judiciales»
El Juzgado de Instrucción N°13 de La Paz acogió una Acción de Libertad presentada por la defensa de Luis Fernando Camacho. «Hoy se dispuso que el gobernador esté presente el 25 de julio en Santa Cruz», declaró su abogado, Martín Camacho. La medida revierte 14 órdenes incumplidas por la Dirección de Régimen Penitenciario, que alegó falta de recursos, bloqueos y combustible para evitar el traslado.
Riesgo de delito por desacato
El fallo advierte que nuevo incumplimiento supondría «desobediencia a resoluciones constitucionales». El Tribunal exige audiencias presenciales, pero el Gobierno de Luis Arce, mediante los ministerios de Justicia y Gobierno, impulsó infructuosamente su realización virtual. Camacho permanecerá en la cárcel de Palmasola durante el juicio.
Los cuatro frentes judiciales del gobernador
El «caso decretazo» investiga la aprobación irregular del Decreto Departamental 373 en 2022, donde Camacho habría delegado funciones inconstitucionalmente. Además, enfrenta el «golpe de Estado I» (con detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022), el «carro bombero» (adquisición irregular de un vehículo por Bs 1.730.000) y su rol en el paro cívico de 36 días en 2019.
Una trama de idas y venidas legales
Camacho fue detenido en un operativo liderado por el entonces ministro Eduardo Del Castillo (hoy candidato presidencial del MAS). El «caso decretazo» lleva paralizado desde enero de 2024 por las suspensiones, mientras el «golpe de Estado I» espera solo alegatos finales. Los otros dos procesos avanzan con lentitud por impugnaciones de la defensa.
Justicia bajo presión
El traslado marca un punto de inflexión en un proceso judicial marcado por tensiones políticas. La resolución del 25 de julio podría desbloquear uno de los cuatro casos que determinan el futuro legal del gobernador cruceño.
