Candidatos bolivianos presentan propuestas contra el crimen organizado
Seis partidos coinciden en modernizar justicia y seguridad ante el avance del narcotráfico, contrabando y corrupción. Las elecciones generales serán el 17 de agosto. Los planes varían desde reformas estructurales hasta uso de tecnología.
«Sin justicia independiente no habrá solución»
Los programas analizados identifican al crimen organizado como una amenaza multidimensional, con redes que operan en narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. La mayoría prioriza despolitizar instituciones y mejorar la cooperación internacional, pero con enfoques distintos:
Alianza Popular: Formalizar el comercio
Propone digitalizar aduanas y penalizar el contrabando, sin acciones directas contra redes criminales. Incluye acuerdos con Chile, Perú y Argentina para compartir inteligencia.
Morena: Enfoque comunitario
Eva Copa plantea rediseñar las fuerzas de seguridad con derechos humanos y participación ciudadana. Vincula el narcotráfico con la pérdida de legitimidad estatal.
PDC: Tecnología y seguridad
Rodrigo Paz Pereira promueve inteligencia artificial y drones para vigilancia. Combina modernización institucional con prevención del delito.
UNIDAD: Reforma judicial profunda
Samuel Doria Medina exige despolitizar entidades clave y militarizar fronteras. Propone auditorías públicas y estrategias antidrogas.
APB-SUMATE: Autonomías y orden
Manfred Reyes Villa impulsa guardias departamentales y bases fronterizas con drones. Busca combatir la impunidad con ética pública.
LIBRE: Infiltración en el Estado
Jorge Quiroga alerta sobre crimen organizado en estructuras estatales. Propone reformar el Ministerio Público y usar minería de datos.
Consensos y divergencias
Todos los partidos mencionan tecnología, control fronterizo y digitalización como herramientas clave. Las diferencias radican en el rol de las Fuerzas Armadas: Morena las limita a protección civil, mientras UNIDAD y APB-SUMATE las involucran en seguridad.
Un problema con raíces profundas
Bolivia enfrenta una crisis de institucionalidad que facilita la expansión del crimen organizado. La corrupción, la informalidad y la debilidad judicial son factores recurrentes en los diagnósticos de los candidatos.
El desafío será implementar los cambios
Las propuestas tendrán que superar obstáculos políticos y técnicos para ser efectivas. El próximo gobierno heredará un sistema de seguridad fragmentado y redes criminales cada vez más sofisticadas.
