Gobierno boliviano implementó «doble aguinaldo» con impacto económico

El decreto de 2013 obligó a pagar un aguinaldo extra cuando el PIB superaba el 4,5%. La medida, aplicada en años electorales, benefició principalmente a funcionarios públicos y generó críticas por su impacto en empresas y entidades privadas.

«Un aguinaldo que no venía en el presupuesto»

El Decreto Supremo 1802, impulsado por el entonces ministro Luis Arce Catacora, estableció el pago de un segundo aguinaldo sin distinción entre sectores públicos o privados. Según el texto, la medida se aplicó en 2013, 2014, 2015 y 2018, coincidiendo con procesos electorales. «No contemplaba deducciones ni retenciones», afectando directamente las finanzas de empleadores.

Impacto en el sector privado

Empresarios y entidades educativas denunciaron que el gasto forzoso redujo sus capacidades de inversión. Algunas organizaciones tuvieron que postergar proyectos de infraestructura o investigación, y en varios casos se reportaron despidos por la insostenibilidad del pago adicional.

Beneficios para el sector público

Funcionarios de alto rango, como ministros o gerentes de empresas estatales (YPFB, ENTEL, COMIBOL), recibieron miles de dólares extras, mientras economistas cuestionaron el carácter populista de la medida. «Era dinero que no les pertenecía», señalaron analistas.

Decretos entre derroches y polémicas

El texto vincula la medida con un patrón de gasto excesivo durante la gestión de Evo Morales, incluyendo viajes presidenciales, renovación de vehículos de lujo y el uso de helicópteros para distancias cortas. También menciona presuntas irregularidades en empresas estatales y el ascenso económico repentino de familiares de Arce Catacora.

Un legado que sigue en debate

La medida del «doble aguinaldo» reflejó tensiones entre políticas sociales y sostenibilidad fiscal. Mientras algunos sectores lo celebraron como un beneficio inmediato, otros lo consideraron un factor de desequilibrio económico cuyas consecuencias se extendieron más allá de su aplicación.