52% de trabajadores en España considera opositar por falta de empleo

Un estudio revela que 6,7 millones de personas preparan oposiciones en España, impulsadas por el paro y la precariedad laboral. El Gobierno oferta 36.588 plazas públicas este año.
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El 52% de los trabajadores en España considera opositar ante la falta de empleo privado

6,7 millones de personas ya preparan oposiciones, según un estudio de 2025. El paro y la precariedad impulsan esta tendencia, especialmente entre jóvenes y mayores de 55 años. El Gobierno oferta 36.588 plazas públicas este año.

«El empleo público, refugio ante la inestabilidad laboral»

El informe de OpositaTest revela que el 68% de los desempleados entre 18 y 55 años ha opositado o planea hacerlo. La Administración General del Estado concentra el 70% de las plazas ofertadas, mientras que un 10% se reserva para personas con discapacidad. «La seguridad salarial atrae a quienes el sector privado excluye», destaca el análisis.

Comunidades con más aspirantes

Extremadura lidera el interés (48% de su población activa), seguida de Murcia y Castilla y León (43%). Cataluña (19%) y Madrid (21%) son las regiones con menor intención de opositar. El 67% de los actuales opositores son nuevos, un dato que refleja el cambio de tendencia.

Plazas más demandadas

Los puestos de Administrativo, Sanidad y Educación son los preferidos. Entre quienes planean opositar, las plazas en Correos han multiplicado por cuatro su atractivo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también figuran entre las opciones destacadas.

Un país que mira al Estado para trabajar

España registraba 2,7 millones de desempleados en 2025, con tasas especialmente altas entre jóvenes sin experiencia y mayores de 55 años. La Oferta de Empleo Público (OEP) se ha consolidado como alternativa frente a la temporalidad y los salarios bajos del sector privado.

Funcionarios en busca de estabilidad

El fenómeno refleja una transformación en las prioridades laborales. Con 12 millones de personas valorando opositar, el empleo público podría absorber parte del descontento social generado por la precariedad. Su impacto real dependerá de la capacidad para cubrir las plazas anunciadas.