Investigan software fantasma en la Asamblea Legislativa cruceña

La ALD denunció el pago de Bs 60.000 por un programa inexistente en 2022. La Fiscalía allanó las oficinas y secuestró el servidor donde debía estar instalado.
El Deber

Investigan supuesto software fantasma en la Asamblea Legislativa cruceña

La ALD denunció el pago de Bs 60.000 por un programa inexistente en 2022. La Fiscalía allanó las oficinas y secuestró el servidor donde debía estar instalado. El caso involucra a la exadministradora de la institución.

«Un software que no existe en nuestras computadoras»

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Antonio Talamás, confirmó que presentó la denuncia ante el Ministerio Público. «El pago se realizó en 2022, pero el software nunca se implementó», explicó. La Fiscalía inició actos investigativos y el miércoles 16 de julio allanó las oficinas de la ALD.

Registro y secuestro de pruebas

La División Económica de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) precintó y retiró el servidor donde debía estar el programa. El fiscal Gomer Padilla señaló que «el registro busca esclarecer la verdad». Sobre un posible sobreprecio, indicó que aún están en análisis las pericias técnicas.

Una denuncia obligatoria contra la corrupción

Talamás justificó la acción legal: «Como asambleístas, estamos obligados a denunciar estos hechos». La investigación apunta a la exadministradora de la ALD, aunque no se precisaron más nombres. El monto cuestionado asciende a 60.000 bolivianos.

Un precedente de irregularidades

El caso revive sospechas sobre malas prácticas en contrataciones públicas. En 2022, durante la gestión anterior, se habría pagado por un servicio no ejecutado. La ALD, bajo nueva administración, activó los mecanismos legales para investigar.

La justicia tendrá la última palabra

El avance de la investigación dependerá de las pericias al servidor incautado. Si se confirma el delito, podría derivar en cargos por malversación o fraude. La ciudadanía espera transparencia en el uso de recursos públicos.