TSJ exige severidad contra Nina por declaraciones sobre elecciones

El máximo tribunal insta a Fiscalía y jueces a actuar con rigor legal. La dirigente Ruth Nina enfrenta denuncias tras afirmar que en los comicios se «contarán muertos». El caso escaló a nivel nacional con críticas de autoridades y sociedad civil.

«Que pida perdón a Dios»: el duro reproche del TSJ

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, calificó como «inaceptables en una sociedad democrática» las palabras de Nina. «Que visite un psicólogo», añadió, exigiendo a la Fiscalía aplicar «todo el peso de la ley» si se emite orden de aprehensión. Las declaraciones de la líder del PAN-Bol se dieron el 12 de julio en un acto político en Lauca Ñ.

Denuncias formales y jurisdicción en debate

Dos denuncias penales ya fueron presentadas: una por la diputada Luisa Nayar (Santa Cruz) y otra por Leonilda Galindo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) en Cochabamba. Acusan a Nina de instigación a delinquir, coacción electoral y terrorismo. La Fiscalía de La Paz analiza la jurisdicción competente, según el fiscal Luis Carlos Torrez.

Rechazo transversal: de lo cívico a lo político

El Comité pro Santa Cruz, mediante su presidente Stello Cochamanidis, desafió a Nina a «ratificar sus palabras frente a un juez», vinculándola con un supuesto intento de beneficiar a Evo Morales. Concejalías cruceñas y la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) también repudiaron sus dichos, defendiendo la Constitución Política del Estado (CPE).

Antecedentes: una dirigente bajo fuego cruzado

Ruth Nina, aliada de Evo Morales, ya había generado controversia en 2019 al oponerse a su candidatura. Sus recientes declaraciones reviven tensiones preelectorales en un contexto donde instituciones como el TSJ y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) son foco de disputas políticas.

Sin retroceder: la apuesta de Nina

Mientras las críticas crecen, la presidenta del PAN-Bol ratificó sus declaraciones y desafió públicamente: «Que me encarcelen». El caso evidencia la polarización en vísperas de elecciones y la presión institucional para sancionar discursos considerados incendiarios.