Defensor indígena denuncia secuestro y tortura en conflicto minero potosino
Jacobo Copa Mamani perdió dentadura tras agresión de mineros cooperativistas. Ocurrió el 25 de junio en Cala Cala (Potosí) al intentar proteger fuentes de agua. La CONTIOCAP exige investigación y UNITAS alerta sobre el aumento de ataques a defensores ambientales.
«Me patearon hasta dejarme sin dientes»
El defensor indígena Jacobo Copa Mamani relató que cuatro personas lo sometieron, golpearon su rostro y le fracturaron la dentadura durante un ataque en Miriuri. «Perdí el conocimiento», declaró al Observatorio de UNITAS. Los agresores lo trasladaron forzosamente a Potosí, donde policías lo acusaron falsamente de portar drogas y armas.
La emboscada minera
El 25 de junio, comunarios del Ayllu Cala Cala llegaron con una notificación precautoria para detener operaciones de la Cooperativa Mollepata. Fueron recibidos con dinamita y piedras, según Olivia Portillo, autoridad indígena. Romel Pérez y Copa Mamani sufrieron las agresiones más graves. Al día siguiente, una segunda emboscada terminó con el secuestro de Copa.
Economía ancestral versus minería
Portillo advirtió que la actividad minera amenaza la ganadería, piscicultura y agricultura del Ayllu, que depende del agua de la cabecera de valle explotada. «Producimos verduras y criamos llamas. Nuestra prioridad es el cuidado del suelo», explicó. La comunidad envió cartas a la AJAM, la Gobernación y el Ministerio de Minería, sin respuesta.
Desprotección institucional
Mariel Guerra, de la Sociedad Potosina de Ecología, señaló que las autoridades «están de parte del sector minero». La CONTIOCAP demandó a la Fiscalía investigar los hechos: «De no actuar, se sientan precedentes de violencia peligrosos». UNITAS registró 22 vulneraciones a defensores en Bolivia entre enero y abril de 2025.
Potosí: territorio en disputa
El conflicto ocurre en una provincia con historial de tensiones por recursos naturales. La Corte IDH y el Comité DESC han instado a Bolivia a proteger a defensores ambientales, especialmente indígenas. El Acuerdo de Escazú, pendiente de implementación, busca garantizar acceso a justicia ambiental.
Justicia pendiente
El caso evidencia la vulnerabilidad de defensores indígenas frente a intereses extractivos. Pese a las denuncias, la Cooperativa Mollepata sigue operando. La Fiscalía y la AJAM no se han pronunciado sobre las agresiones, mientras UNITAS alerta sobre la impunidad estructural en estos casos.
