INRA confirma que predio Santa Rita carece de saneamiento

El predio Santa Rita, en la Reserva Forestal Guarayos, registró su quinto avasallamiento armado. El conflicto agrario, judicializado desde 2017, dejó un herido de bala.
El Deber

INRA confirma que predio Santa Rita carece de saneamiento ejecutoriado

El terreno está dentro de la Reserva Forestal Guarayos y registró su quinto avasallamiento armado. El conflicto agrario, judicializado desde 2017, dejó un herido de bala. Autoridades exigen agilizar la resolución legal.

«Sin fallo ejecutoriado, pero con medidas precautorias»

La directora jurídica del INRA, Elvira Achu, aclaró que la resolución de saneamiento de 2017 fue impugnada y sigue en análisis ante el Tribunal Agroambiental Plurinacional (TAP). «Actualmente esa resolución ha sido notificada y está impugnada», precisó. Mientras, el INRA debe garantizar derechos de propiedad, pero desde julio de 2024 rigen medidas que prohíben nuevos asentamientos.

Desalojos y tensiones recurrentes

En noviembre de 2024, la fuerza pública ejecutó desalojos por incumplimiento de las medidas. Sin embargo, en 2025 se reportaron nuevas ocupaciones irregulares, lo que derivó en otro operativo policial. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, pidió celeridad judicial: «Las instancias llamadas por ley deben responder».

Un conflicto en tierra de nadie

El predio Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos (Santa Cruz), es objeto de disputas por avasallamientos, derechos históricos y presunto tráfico de tierras. Su ubicación dentro de una reserva forestal complica su legalización. Ayer, el quinto avasallamiento armado dejó una persona herida de bala.

Antecedentes: Un limbo jurídico de ocho años

El caso arrastra impugnaciones desde 2017, con alegatos cruzados y fallos no ejecutoriados. La Reserva Forestal Guarayos añade restricciones legales, mientras grupos enfrentados reclaman derechos sobre el terreno.

La pelota está en el tribunal

La resolución final dependerá del TAP, en un escenario donde la violencia y las ocupaciones ilegales persisten. Las autoridades insisten en acelerar el proceso para evitar nuevos incidentes.