Alcalde y transportista critican imputación de la Fiscalía de Tarija
La Fiscalía los acusa de sedición sin presentar pruebas. Johnny Torres y Gabriel Pérez denuncian persecución política por protestas contra una ley en 2021. La audiencia, suspendida por quinta vez, se reprogramó para noviembre.
«Es una persecución política», afirma el alcalde
El alcalde Johnny Torres y el secretario de la Federación de Autotransporte, Gabriel Pérez, rechazan las acusaciones de sedición e instigación a delinquir. La Fiscalía de Tarija actuó tras una denuncia de la FSUCCT por protestas contra la Ley 1386 en 2021. «El Gobierno procesa a quien piensa diferente», declaró Torres, citando el caso del gobernador Fernando Camacho.
Protestas y suspensiones judiciales
Pérez aseguró que asistirá a todas las citaciones, pese a las cinco suspensiones de la audiencia. El juzgado la reprogramó para el 24 de noviembre, pendiente de resolver apelaciones en la Sala Penal Nro. 2. También están imputados el gobernador Óscar Montes y el expresidente cívico Adrián Ávila.
Un conflicto que arrastra polémica desde 2021
Las protestas contra la Ley 1386 movilizaron a gran parte del país a finales de 2021. La norma, enfocada en combatir ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, generó rechazo en sectores sociales y políticos. La Fiscalía inició el caso tras la denuncia de la FSUCCT, vinculada a comunidades campesinas.
Un proceso judicial en el aire
La imputación sigue su curso en medio de tensiones políticas y reiterados retrasos. Mientras los acusados insisten en su inocencia, la resolución de las apelaciones determinará el futuro del caso. La próxima audiencia marcará un punto clave en este proceso.
