Fiscalía analiza ampliar reserva del caso Consorcio
La comisión de fiscales decidirá si mantiene en secreto la investigación. Tres imputados permanecen detenidos en centros médicos, mientras otros cuatro tienen arresto domiciliario. El caso involucra un presunto intento de alterar la estructura del Órgano Judicial.
«La reserva podría extenderse nuevamente»
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó que la segunda fase de reserva del caso venció este viernes a medianoche. «La comisión evaluará si se amplía el secreto o se informa a la opinión pública», declaró a Erbol. La investigación lleva aproximadamente un mes y ha implicado a siete personas.
Detenidos y medidas cautelares
Los tres detenidos preventivamente son: el juez Fernando Lea Plaza (6 meses), el exministro César Siles (5 meses) y la exvocal Claudia Castro (4 meses), todos bajo custodia en centros médicos. Cuatro imputados más, incluidos el magistrado suplente Iván Campero y el expresidente del TDJ La Paz Yván Córdova, tienen arresto domiciliario, medida apelada por el Ministerio Público.
El presunto «golpe» al sistema judicial
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, denunció que el exministro Siles actuó «a título personal» para coordinar un intento de destitución de magistrados. Según su relato, el juez Lea Plaza buscó reemplazar a la magistrada Fanny Coaquira por Iván Campero, quien no obtuvo votos suficientes en las elecciones judiciales. «Fue un ataque a la institucionalidad», afirmó Saucedo.
Una trama con varios actores
El TSJ detalló que el exvocal Córdova delegó a Castro en la Sala Penal para coordinar la acción legal que derivó en la detención de Lea Plaza. «Todo estuvo protegido por Siles», acusó Saucedo. Además, advirtió que existirían maniobras similares contra otros órganos judiciales, aunque descartó participación del Gobierno.
Cuando la justicia se convierte en sospechosa
El caso Consorcio surgió tras una acción de cumplimiento irregular en Coroico, que pretendía modificar la composición del TSJ. La investigación ha expuesto tensiones internas en el sistema judicial boliviano, con acusaciones de manipulación de cargos y procedimientos.
El secreto sigue sobre la mesa
La decisión sobre la reserva determinará el acceso público a los avances de la investigación. Mientras, los detenidos enfrentan procesos por su presunta participación en lo que el TSJ califica como un atentado contra la democracia judicial.
