Director de Fundación Tierra denuncia impunidad en avasallamientos de tierras

Ningún sentenciado pese a ley vigente desde 2023. Juan Pablo Chumacero revela que cientos de casos quedan sin justicia, incluso con agresiones armadas. La norma penaliza estos delitos con 3 a 8 años de cárcel, pero no se aplica.

«Cientos de invasiones, cero condenas»

El director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, confirmó a radio Fides que «no hay ni un caso conocido de encarcelamiento por avasallamiento o tráfico de tierras», pese a la Ley 477 promulgada en diciembre de 2023. «Hay impunidad preocupante», insistió, tras el último ataque violento en Guarayos (Santa Cruz), donde invasores armados ocuparon la propiedad Santa Rita.

La ley que no se cumple

La norma establece penas de 3 a 8 años para invasores y traficantes, con agravantes, pero Chumacero subraya que «muy pocos casos llegan a tribunales». Aunque algunos implicados tienen vínculos con movimientos sociales o poder político, «eventualmente los sueltan», denunció.

Patrón nacional

Los avasallamientos afectan tierras fiscales, indígenas y privadas en Santa Cruz y otros departamentos. Fundación Tierra registra «cientos de casos» anuales, pero solo algunos trascienden mediáticamente. Chumacero vinculó la impunidad a la falta de voluntad judicial y política.

Una década de conflicto agrario

Bolivia arrastra disputas territoriales desde antes de la Ley 477, con ocupaciones recurrentes en áreas productivas. La norma buscó proteger propiedades privadas, estatales y fiscales, pero su ineficacia mantiene un clima de inseguridad jurídica para propietarios y comunidades.

Justicia pendiente

La denuncia evidencia la brecha entre el marco legal y su aplicación real. Mientras los avasallamientos continúan, la falta de sentencias consolida la percepción de impunidad, según Chumacero. El caso de Santa Rita reactualiza el debate sobre la protección efectiva de tierras en Bolivia.