Confirman uso de arma en avasallamiento de Santa Rita

Un herido por disparo durante conflicto en la Reserva Forestal Guarayos. Ministro denuncia politización del caso en plena etapa electoral.
El Deber

Gobierno confirma uso de arma de fuego en avasallamiento de Santa Rita

Un herido por disparo durante el conflicto en la Reserva Forestal Guarayos. El ministro Ríos denuncia «politización» del caso en plena etapa electoral. La Policía ya controla la zona, pero persisten tensiones por la titularidad de tierras.

«Disparo de arma de caza y control policial inmediato»

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que una persona resultó herida por «un proyectil de arma de caza» durante el avasallamiento a la propiedad Santa Rita en El Puente (Guarayos). La víctima presentaba «un orificio de entrada sin salida» y fue trasladada a un centro médico. «La Policía tomó el control de la zona en la madrugada», aseguró.

Reserva forestal en disputa judicial

Ríos precisó que el predio en conflicto «está dentro de la Reserva Forestal Guarayos» y recordó que estas tierras «no pueden titularse a privados». El caso ya está judicializado ante el Tribunal Agroambiental. Este es el quinto avasallamiento registrado en Santa Rita, según datos oficiales.

Acusaciones cruzadas en año electoral

El ministro deploró el «uso político y tendencioso» del conflicto, atribuyéndolo a la coyuntura electoral. «Algunos tergiversan los hechos para ganar notoriedad», afirmó, sin nombrar a opositores que vinculan el caso con candidaturas del MAS. La oposición, por su parte, exige inhabilitar al candidato Esteban Alavi por presunta protección a avasalladores.

Una reserva en el ojo del huracán

La Reserva Forestal Guarayos, creada en 1990, es escenario recurrente de conflictos por tierras. Su estatus legal impide privatizaciones, pero persisten intentos de ocupación. El Gobierno insiste en que solo el Tribunal Agroambiental puede resolver estas disputas, mientras sectores rurales presionan por regularizaciones.

Paz frágil en Santa Rita

Aunque las autoridades aseguran que el orden está restablecido, el caso evidencia la tensión entre protección ambiental, derechos de propiedad y presiones electorales. La resolución judicial marcará un precedente para conflictos similares en reservas estatales.