Operación contra la minería ilegal en tierras Munduruku: ¿una solución temporal o definitiva?
Desde noviembre de 2024, el gobierno brasileño lleva a cabo una operación para expulsar a los mineros ilegales del Territorio Indígena Munduruku, en el estado de Pará, Amazonas. Aunque las acciones han reducido la actividad minera, organizaciones indígenas y funcionarios temen que los mineros regresen o migren a otras áreas protegidas una vez que se retiren las fuerzas de seguridad. La falta de alternativas económicas y la debilidad en la aplicación de la ley en zonas remotas son algunos de los principales desafíos.
El reto de evitar el regreso de los mineros ilegales
La operación, liderada por la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y la Fundación Nacional del Indio (Funai), ha logrado reducir la minería ilegal en la región. Sin embargo, históricamente, los mineros han regresado a las mismas áreas o han migrado a otras zonas protegidas tras el retiro de las fuerzas de seguridad. Esto ha ocurrido en territorios como la Reserva Yanomami y la región de Madre de Dios en Perú, donde la minería ilegal persiste a pesar de las operaciones de desalojo.
João Kaba Munduruku, coordinador de la Asociación Indígena Pusuro, expresó su preocupación: “La primera fase de la operación ha terminado, pero tememos que los mineros no indígenas regresen”. Esta inquietud se basa en la experiencia pasada, donde la falta de una presencia constante del Estado ha permitido el resurgimiento de actividades ilegales.
Lecciones de operaciones fallidas
En agosto de 2024, el gobierno brasileño destruyó 459 dragas utilizadas para la minería ilegal en el río Madeira. Sin embargo, cinco meses después, muchas de estas dragas habían regresado. “Lo que hemos visto sistemáticamente es que, poco después de las operaciones de combate, los invasores regresan”, explicó Luísa Molina, subcoordinadora del Programa Xingu del Instituto Socioambiental.
Alisson Marugal, fiscal federal responsable del caso Yanomami, destacó que las operaciones estratégicas y a largo plazo son las más efectivas para desmantelar las redes criminales. “La presión constante sobre estas organizaciones les genera una gran tensión financiera, lo que desincentiva la minería ilegal”, afirmó.
Anticipando los movimientos de los mineros
Los mineros ilegales no solo regresan a las mismas áreas, sino que también migran a otras regiones o incluso a países vecinos como Venezuela o Guyana. “Un solo empresario puede tener intereses en varias operaciones mineras en diferentes territorios indígenas”, explicó Rodrigo Chagas, investigador de la Universidad Federal de Roraima.
Para contrarrestar esta movilidad, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) ha reforzado la protección de las unidades de conservación cercanas al territorio Munduruku. “Es fundamental anticipar los movimientos de los mineros y proteger áreas como el Área de Protección Ambiental Tapajós y los bosques nacionales de Amanã y Crepori”, señaló Ronilson Vasconcelos, coordinador de una unidad avanzada del ICMBio.
La necesidad de alternativas económicas
Uno de los mayores desafíos es la falta de alternativas económicas para las comunidades indígenas y no indígenas que dependen de la minería ilegal. “Aquellos que trabajaban en la minería no tienen otra forma de sobrevivir”, explicó João Kaba Munduruku. Sin un plan de recuperación que garantice la seguridad alimentaria y promueva fuentes de ingresos sostenibles, el problema persistirá.
Luísa Molina subrayó la importancia de implementar un plan de recuperación que aborde la inseguridad alimentaria, los problemas de salud y la propagación de la malaria, que ha dejado a los Munduruku sin capacidad para cultivar, pescar o cazar. “Es crucial tener bases de inspección dentro del territorio para evitar que los invasores regresen”, afirmó.
El futuro de la operación
La segunda fase de la operación incluye un plan de mantenimiento que busca proteger, monitorear y cuidar la tierra. La Fuerza Nacional de Seguridad Pública y Funai permanecerán en la región para realizar patrullajes, mientras otras agencias llevarán a cabo acciones de inspección y control.
Sin embargo, la clave para una solución definitiva radica en la combinación de operaciones de desalojo con investigaciones financieras que desmantelen las redes criminales detrás de la minería ilegal. Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de la FACT Coalition, destacó que “arrestar o desplazar a mineros de bajo nivel no interrumpe permanentemente las redes de minería ilegal”.
La operación en el Territorio Indígena Munduruku representa un avance significativo en la lucha contra la minería ilegal en la Amazonía, pero su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para mantener una presencia constante y ofrecer alternativas económicas viables. Mientras tanto, las comunidades indígenas y los conservacionistas esperan que esta vez las lecciones del pasado no se repitan.
