Personas LGBT en cárceles bolivianas sufren discriminación sistemática
178 personas LGBT privadas de libertad en 2024 sin protección específica. Colectivos denuncian invisibilización y violencia estructural en prisiones. La Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles exigen datos oficiales y políticas diferenciadas.
«Una problemática invisibilizada»
Rodolfo Vargas, presidente del colectivo TLGB Bolivia, afirma que el sistema penitenciario no cuenta con mecanismos para garantizar derechos humanos de esta población. «No hay reportes del INE ni del Régimen Penitenciario que desglosen datos por orientación sexual o identidad de género», señala. Las únicas cifras disponibles provienen de organizaciones civiles.
Datos que no existen
Según información accesible a ANF, en 2024 se registraron 178 personas LGBT en prisiones bolivianas, pero sin detalle sobre condiciones o vulneraciones. Vargas enfatiza que la falta de estadísticas oficiales impide diseñar políticas públicas efectivas.
Legislación sin aplicación real
Aunque la ley penal boliviana sanciona la discriminación y reconoce agravantes por delitos motivados por orientación o identidad, no hay supervisión efectiva dentro de las cárceles. La Defensoría del Pueblo alerta sobre abandono institucional y violencia estructural hacia esta población.
Un sistema que no mira
Bolivia carece de registros históricos sobre la situación de personas LGBT en prisiones. La ausencia de datos contrasta con normativas internacionales suscritas por el país, como los Principios de Yogyakarta, que exigen protección específica para grupos vulnerables.
Sin cambios a la vista
La exclusión continuará mientras no se implementen protocolos de registro y protección. Organizaciones civiles insisten en que la invisibilización agrava riesgos de violencia y discriminación, pese al marco legal existente.
