Gobierno acusa a Beni de mala gestión de fondos mientras colapsa su salud
El MEFP denuncia que la Gobernación ejecutó solo el 31,9% de su presupuesto. El conflicto surge durante un paro cívico por el colapso sanitario en el departamento. El Gobierno central y las autoridades locales se responsabilizan mutuamente.
«Registros desactualizados y recursos estancados»
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) asegura que el Gobierno Autónomo Departamental del Beni (GAD-Beni) no actualiza correctamente los registros de transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN). “Los montos programados no son garantizados”, declaró Romer Bello, jefe de la Unidad de Entidades Territoriales. Además, las regalías mineras cayeron de 114 millones de bolivianos en 2019 a solo 26 millones en 2024.
La crisis en números
Los dos principales hospitales de Beni recibieron menos de la mitad de lo presupuestado: el Materno Infantil solo obtuvo 1 millón de bolivianos (frente a 3,8 millones asignados) y el Germán Busch, 4 millones (de 6 millones comprometidos). El Colegio Médico denuncia “farmacias vacías y sueldos impagos por tres meses”.
Un paro cívico como grito de auxilio
Organizaciones benianas convocaron un paro de 24 horas exigiendo soluciones. Hugo Aponte, presidente del Comité Cívico, denuncia que “el oro del Beni es explotado sin beneficio para la región”. El MEFP responde que transfirió 14 millones de bolivianos para salud en 2025 y recuerda los 100 millones asignados en 2022, pero la población exige mayor transparencia.
Beni: entre el abandono y la riqueza mal administrada
El segundo departamento más grande de Bolivia, con medio millón de habitantes, enfrenta una crisis histórica por la caída de regalías mineras y disputas sobre la gestión de fondos públicos. En 2022, el Gobierno central inyectó recursos extraordinarios, pero la falta de acuerdo persiste.
La salud pende de un hilo
Mientras las instituciones intercambian cifras, los hospitales benianos operan con mínimos recursos. El impacto inmediato recae en pacientes y personal médico, cuya situación podría agravarse si no se destraban los fondos pendientes.
