Arce defiende contratos de litio y niega presión al Legislativo
El presidente boliviano asegura que los acuerdos con Rusia y China son «favorables». Los debates parlamentarios se suspendieron tras protestas de la oposición, que cuestiona los beneficios para el país. Los contratos involucran inversiones por más de 2.000 millones de dólares.
«Garantizan soberanía y participación mayoritaria»
El presidente Luis Arce afirmó que los contratos con Uranium One Group (Rusia) y el consorcio chino CBC «garantizan la soberanía sobre el litio». Según el mandatario, Bolivia tendrá participación mayoritaria en toda la cadena productiva. Negó presionar al Legislativo para su aprobación: «Es la Asamblea la que debe cumplir con sus tiempos».
Oposición denuncia «desesperación» del Gobierno
La diputada opositora Lissa Claros (Comunidad Ciudadana) acusó al Ejecutivo de «forzar la aprobación de contratos lesivos». Cuestionó la falta de una ley de litio y exigió respuestas sobre los términos de los acuerdos. Legisladores evistas y de oposición bloquearon los debates con protestas en el hemiciclo.
Detalles de los polémicos acuerdos
Uranium One Group invertirá 970 millones de dólares para producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio en Uyuni. El consorcio chino CBC destinará 1.030 millones para dos plantas con capacidad de 35.000 toneladas anuales. Ambos proyectos usarán tecnología EDL (Extracción Directa de Litio).
Un recurso que divide al país
Bolivia posee las mayores reservas mundiales de litio, clave para la transición energética. Desde 2021, el Gobierno firmó 14 convenios con empresas internacionales. La oposición y sectores de Potosí rechazan los contratos actuales por regalías mineras y posibles impactos ambientales. El debate parlamentario lleva meses postergado.
El litio sigue en pausa legislativa
Los contratos, presentados en 2024, no serán tratados hasta febrero de 2025. Mientras, las inversiones extranjeras y la industrialización del litio dependen de una aprobación que enfrenta resistencias políticas y sociales. El Gobierno insiste en que los acuerdos son históricos; la oposición los califica de «apresurados».
