Ministerio de Economía afirma cumplir con transferencias a Beni y alerta sobre caída de regalías
La Gobernación de Beni ejecutó solo el 31,9% de su presupuesto anual. El MEFP asegura que las transferencias son automáticas, mientras el departamento enfrenta una reducción del 77% en regalías mineras desde 2019. El conflicto surge durante un paro cívico por falta de recursos en salud.
«Las transferencias son automáticas, pero las regalías se desploman»
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) rechazó las acusaciones de incumplimiento en transferencias a Beni, señalando que estos recursos «se realizan de forma automática según la recaudación efectiva». Romer Bello, jefe de Entidades Territoriales, destacó que las regalías mineras cayeron de Bs 114 millones en 2019 a Bs 26 millones en 2024, un 77% menos.
Responsabilidades y reclamos cruzados
La Gobernación de Beni y organizaciones cívicas responsabilizan al Gobierno central por «transferencias insuficientes», cerrando vías durante el paro. El MEFP respondió que los montos presupuestados son «estimativos, no garantizados», y urgió a la Gobernación a priorizar gastos: «Deben analizar sus ingresos antes de tomar medidas que perjudiquen a la población».
Apoyo central y gestión local
El MEFP destacó que en 2022 asignó Bs 100 millones adicionales a Beni para inversión, y este año transfirió Bs 14 millones para salud. Sin embargo, recordó que la Ley 535 de Minería hace a los gobiernos departamentales responsables de fiscalizar regalías: «Si se mantuvieran los niveles de 2019, habría Bs 100 millones anuales más».
Un departamento que perdió su colchón minero
Beni dependía históricamente de regalías mineras e hidrocarburos, pero la caída sostenida de estos ingresos —agravada por la baja fiscalización local— redujo su capacidad de financiar servicios básicos. El MEFP insiste en que la Gobernación debe optimizar su gestión tributaria ante este escenario.
¿Solución a la vista?
El conflicto sigue abierto: mientras el MEFP ofrece «apoyo continuo», exige mayor eficiencia en la administración de recursos. La presión social por más fondos en salud choca con la realidad de ingresos decrecientes, dejando en evidencia la fragilidad financiera del departamento.
