Expertos y Comcipo rechazan contrato ruso por peores condiciones que el chino
El acuerdo con Uranium One Group produciría solo el 40% del litio previsto en el contrato chino. Protestas en Potosí y tensión en la Asamblea Legislativa marcan el debate sobre la explotación del recurso. Investigadores alertan sobre cláusulas desventajosas y falta de transparencia.
«Vigilia en Potosí: el litio no se negocia»
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) instaló este 9 de julio una vigilia de protesta contra la aprobación del contrato con la rusa Uranium One Group. «Potosí se movilizará en La Paz si aprueban irregularmente», advirtió su vicepresidente, Milton Huanca. Paralelamente, la diputada Lissa Claros (CC) interrumpió la sesión legislativa exigiendo debatir el tema en territorio potosino.
Detalles técnicos alarmantes
El investigador José Carlos Solón reveló que el contrato ruso no define el punto de equilibrio de rentabilidad, a diferencia del acuerdo chino (13.840 USD/tonelada). Además, producirá 40% menos litio pese a igual inversión (1.000 millones USD). La estatal YLB devolverá el capital en dólares, pero ajustado al tipo de cambio ruso, y la empresa obtendrá un 49% de participación.
Impacto ambiental y social ignorado
El contrato omite consulta previa a la TCO Nor Lípez, cuyo territorio alberga pozos de bombeo (419 km²). Consumirá 1.185.000 m³ de agua anuales y no exige estudios ambientales independientes. Tampoco especifica los riesgos de reinyectar salmuera en el salar.
Antecedentes: litio entre protestas y opacidad
El conflicto surge mientras la Cámara de Diputados retoma el polémico contrato con la china Hong Kong CBC, paralizado por protestas la semana pasada. Ambos acuerdos comparten críticas: falta de transparencia (solo se conoce media página del contrato de conciliación ruso), cláusulas financieras desventajosas y resistencia social en Potosí, región históricamente marginada de beneficios mineros.
El litio en el ojo del huracán
La disputa refleja la tensión entre urgencia gubernamental por explotar el litio y demandas ciudadanas de transparencia y beneficios locales. Las cláusulas analizadas sugieren riesgos económicos y ambientales, mientras las protestas escalan. La aprobación final dependerá de la presión social y la voluntad política en la Asamblea.
