Diputados debaten contrato de litio ruso mientras Potosí anuncia protestas
La Comisión de Diputados analiza un acuerdo de 975 millones de dólares con Uranium One Group. El Comité Cívico Potosinista (COMICIPO) rechaza el contrato y convoca una vigilia simultánea en La Paz. El conflicto surge tras otro acuerdo similar bloqueado días antes.
«Litio en el ojo del huracán político»
La Comisión de Economía Plural de Diputados sesiona este miércoles para evaluar el contrato con la rusa Uranium One, que prevé construir una planta de extracción directa de litio en el salar de Uyuni. «El proyecto implica una inversión de 975 millones de dólares», según el punto 7 de la agenda. Paralelamente, COMICIPO calificó el acuerdo como «ilegal e inconstitucional» y anunció protestas indefinidas en La Paz.
Rechazo potosino en dos frentes
El grupo cívico, opositor al Gobierno, organizó una vigilia con banderas regionales en la plaza 10 de Noviembre a la misma hora que la sesión legislativa. Además, declaró «enemigos de Potosí» al presidente Luis Arce, al diputado Omar Yujra y a la senadora Ana María Castillo, acusándolos de «traición al Estado boliviano». Su Consejo Consultivo exigió a la Brigada Parlamentaria potosina presentar un documento formal de objeciones.
Antecedente reciente: el contrato chino
La polémica surge días después de que el pleno de Diputados suspendiera sin fecha el tratamiento de otro contrato con la china CBC (por 1.030 millones de dólares) tras incidentes en el hemiciclo. COMICIPO advirtió con «voto castigo» al MAS si insiste en aprobar estos acuerdos, medida que también afectaría al candidato oficialista Andrónico Rodríguez.
Uyuni: entre el desarrollo y la disputa
Los salares bolivianos, especialmente Uyuni, concentran una de las mayores reservas mundiales de litio, recurso clave para baterías de vehículos eléctricos. El Gobierno prioriza alianzas con empresas extranjeras para industrializar el mineral, mientras sectores regionales exigen mayor control local y transparencia en los contratos.
El litio sigue en pausa política
La aprobación de los contratos dependerá de la capacidad del oficialismo para sortear la oposición en el Legislativo y las movilizaciones sociales. Mientras, Potosí mantiene su rechazo frontal a lo que considera cesión de soberanía sobre sus recursos naturales.
