Corte colombiana protege a indígenas amazónicos de contaminación por mercurio
La justicia ordena medidas urgentes tras hallar niveles tóxicos 17 veces superiores al límite seguro. La minería ilegal amenaza la salud, cultura y seguridad alimentaria de 30 comunidades en la Amazonia. El fallo suspende nuevas licencias mineras y exige diálogo intercultural.
«Una sentencia que defiende la vida ancestral»
La Corte Constitucional de Colombia falló a favor de 30 comunidades indígenas de la región de Yuruparí, afectadas por contaminación de mercurio en los ríos Caquetá y Apaporis. El ministerio de Ambiente supervisará estudios complementarios, mientras que las carteras de Salud y del Interior implementarán planes de remediación. «Nuestro conocimiento tradicional está en riesgo», declararon los demandantes, cinco chamanes conocidos como «jaguares».
Impacto en la salud y cultura
Estudios revelaron que el mercurio contamina peces —principal fuente de proteína— y afecta a los habitantes, con niveles 17 veces mayores a lo permitido. La UNESCO había reconocido estos saberes ancestrales como Patrimonio Cultural Inmaterial. «La identidad y supervivencia de estos pueblos están en peligro», admitió la ministra de Ambiente, Lena Estrada.
Minería ilegal: un problema nacional
Según la Fiscalía, 29 de los 32 departamentos colombianos tienen minería ilegal, que usa mercurio para extraer oro. 70.000 hectáreas están contaminadas, especialmente en Antioquia, Chocó, Boyacá y Bolívar. La Corte ordenó a la Agencia Nacional de Minería suspender licencias en Yuruparí hasta establecer un plan de remediación.
Raíces de un conflicto histórico
Las comunidades denuncian contaminación desde 1989, pero en 2019 llevaron el caso a la Corte ante la inacción estatal. La demarca de territorios indígenas y la falta de coordinación gubernamental agravaron el problema. Los «jaguares» argumentaron que el Estado permitió minería en sus tierras sin consulta previa.
Un camino hacia la justicia ambiental
El fallo establece diálogos interculturales y monitoreo bianual, con audiencias en Bogotá y Yuruparí. Es el primer precedente judicial que vincula protección ambiental con derechos indígenas ancestrales. «Es una herramienta para salvaguardar nuestra existencia», afirmó Antonio Matapí, líder del territorio Mirití Paraná.
