Camacho denuncia corrupción en contratos del litio en Bolivia

El gobernador electo de Santa Cruz acusa al gobierno de Arce de irregularidades en acuerdos con empresas extranjeras para la explotación del litio.
El Deber

Camacho denuncia «corrupción» en contratos del litio con empresas extranjeras

El gobernador electo de Santa Cruz acusa al gobierno de Arce de «entreguismo» en los acuerdos. Los contratos con firmas chinas y rusas no cuentan con aprobación legislativa ni consulta previa, según su denuncia desde prisión. Potosí rechaza regalías del 3%.

«Contratos con visos de ilegalidad y presión transnacional»

Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro, aseguró que los acuerdos con Hong Kong CBC Investment (China) y Uranium One Group (Rusia) «no siguieron pasos legales». Criticó la falta de estudios ambientales y consulta a comunidades, además de señalar «participación del entorno familiar de Arce» en las negociaciones.

Rechazo en Potosí y tensión legislativa

El departamento potosino se opone a las regalías del 3%, calificadas por Camacho como «entreguismo». La semana pasada, un intento de aprobar el contrato chino en Diputados derivó en violencia y suspensión. Este miércoles se agendó el tratamiento del acuerdo ruso, «en medio de desesperación gubernamental», según el gobernador electo.

Un litio bajo sospecha

Camacho vinculó la urgencia del Ejecutivo con «compromisos no transparentes con transnacionales». Afirmó que las empresas ya operan en el Salar de Uyuni «sin refrendo legislativo». Exhortó a la oposición a bloquear los contratos y dejar su revisión al próximo gobierno tras las elecciones del 17 de agosto.

El oro blanco que divide

Bolivia posee las mayores reservas mundiales de litio, clave para la transición energética. Sin embargo, su explotación ha generado conflictos por beneficios locales, transparencia y soberanía. En 2023, YLB firmó acuerdos con consorcios extranjeros, pero sin consenso político o social.

El litio como prueba de fuego

La polémica refleja la pugna entre control estatal del recurso y participación privada. La resolución quedará pendiente hasta el cambio de gobierno, mientras las críticas por opacidad persisten.