Comcipo rechaza contratos de litio y anuncia movilizaciones en La Paz
El contrato con la rusa Uranium One Group prevé una inversión de 975 millones de dólares. El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) convocó una vigilia de protesta este miércoles en Potosí, mientras la Comisión de Diputados debate el acuerdo. La organización tachó los contratos de «ilegales» y amenazó con «voto castigo» al MAS.
«Contratos ilegales y enemigos de Potosí»
COMCIPO declaró este martes «ilegales e inconstitucionales» los dos contratos de litio en debate: con la rusa Uranium One Group (975 millones de dólares) y la china CBC (1.030 millones). «No deben tener el más mínimo tratamiento», afirmó el grupo, que anunció protestas en La Paz y calificó al presidente Luis Arce como «traidor del Estado boliviano».
La sesión clave
La Comisión de Diputados analiza este miércoles el contrato para una planta de extracción directa de litio (EDL) en Uyuni, firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One Group. La sesión ocurre tras el caótico tratamiento del acuerdo con CBC, que derivó en un «cuarto intermedio sin fecha» en el pleno.
Acciones de presión
COMCIPO convocó una vigilia simultánea a la sesión legislativa, en la plaza 10 de Noviembre de Potosí, con banderas regionales. Además, exigió a la Brigada Parlamentaria potosina presentar un documento con observaciones a los proyectos y advirtió «voto castigo» a legisladores del MAS, incluido el candidato Andrónico Rodríguez.
El litio, entre la inversión y el conflicto
Bolivia busca explotar sus reservas de litio (las mayores del mundo) mediante alianzas con empresas extranjeras. Los proyectos generan controversia por el control regional del recurso. En 2023, Potosí ya protagonizó protestas contra YLB, acusada de marginar a las comunidades.
El litio sigue dividiendo al país
El rechazo de COMCIPO y las movilizaciones anunciadas reflejan la tensión entre el Gobierno y las regiones por la explotación del litio. Mientras el Ejecutivo prioriza inversiones extranjeras, Potosí exige mayor participación y beneficios directos. La viabilidad de los contratos dependerá de la capacidad de negociación política.
