Crisis de diésel amenaza con pérdidas millonarias en el sector agrícola boliviano

La falta de diésel, sumada a las inundaciones y la suspensión de exportaciones de soya, ha sumido a los productores agrícolas del norte cruceño en una situación crítica. Miles de hectáreas de cultivos de soya, maíz y sorgo, listos para cosechar, están en riesgo de perderse debido al desabastecimiento de combustible que afecta al sector desde noviembre de 2024. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha expresado su desesperación y evalúa un polémico plan de emergencia propuesto por el Gobierno para adquirir diésel a precios internacionales.

Un plan de emergencia que no convence

El Gobierno ha propuesto a los productores agrícolas adquirir diésel a precios internacionales, ajustados al tipo de cambio oficial. Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por el sector, que la considera insuficiente y poco viable a largo plazo. Fernando Romero, presidente de Anapo, lamentó que esta sea la única alternativa disponible en medio de una crisis que amenaza con paralizar la producción agrícola. “No apoyamos la propuesta, pero necesitamos considerar todas las alternativas para salvar la inversión de miles de productores”, declaró Romero.

El desabastecimiento de diésel no es un problema nuevo. Desde noviembre de 2024, los agricultores han enfrentado dificultades para acceder al combustible necesario para operar maquinaria agrícola, lo que ha retrasado labores críticas como la siembra y la cosecha. A esto se suman las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, que han dañado campos productivos y complicado aún más la situación.

Incertidumbre en los precios y la seguridad alimentaria

La suspensión de las exportaciones de soya ha generado una gran incertidumbre en torno a los precios que recibirán los agricultores por su producción. Según Anapo, esta medida, junto con la crisis de combustible y las inundaciones, podría tener un impacto severo en la economía agrícola y, en última instancia, en la seguridad alimentaria del país. “El Gobierno no ha logrado garantizar la provisión de combustible de manera regular, lo que puede afectar gravemente la producción agrícola”, afirmó Romero.

Los productores exigen políticas urgentes que aseguren un suministro estable de combustibles a precios justos. Sin estas medidas, advierten, la producción nacional podría verse aún más afectada en el futuro, con consecuencias negativas para la economía y la población.

Contexto histórico: Una crisis que se arrastra

La crisis de diésel no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de problemas estructurales en el sector energético boliviano. Desde 2023, el país ha enfrentado dificultades para mantener un suministro estable de combustibles, debido a la disminución de la producción local y a las limitaciones en la importación. A esto se suma la falta de inversión en infraestructura y la dependencia de combustibles fósiles, que han agravado la situación.

En los últimos años, el sector agrícola ha sido uno de los más afectados por estas políticas. La falta de diésel no solo ha impactado en la producción, sino también en los costos operativos, lo que ha llevado a muchos productores al borde de la quiebra. Esta crisis actual es, en muchos sentidos, la culminación de un problema que se ha venido gestando durante años.

Fuentes y transparencia

La información presentada en esta noticia ha sido contrastada con fuentes oficiales y declaraciones de representantes del sector agrícola. Fernando Romero, presidente de Anapo, ha sido una de las voces principales en denunciar la situación. Además, se han consultado documentos públicos y notas de prensa emitidas por la asociación, así como reportes de medios locales que han cubierto la crisis de combustible en Bolivia.

Cierre: Un futuro incierto para el campo boliviano

La situación actual deja al descubierto la fragilidad del sector agrícola boliviano frente a las crisis energéticas y climáticas. Mientras los productores evalúan medidas desesperadas para salvar sus cosechas, queda claro que se necesitan soluciones estructurales y políticas públicas que garanticen un suministro estable de combustibles y apoyen la producción nacional. El futuro de miles de familias que dependen de la agricultura, así como la seguridad alimentaria del país, están en juego.