Lima se moviliza contra la inseguridad y exige acciones al gobierno de Dina Boluarte
Miles de ciudadanos peruanos, entre ellos artistas, estudiantes y colectivos civiles, salieron a las calles de Lima el viernes 22 de marzo de 2025 para protestar contra el aumento de la delincuencia en el país. La manifestación, bajo el lema \»Queremos vivir en paz\», partió desde la Plaza San Martín y se extendió por el centro de la capital, donde los manifestantes expresaron su rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a quien responsabilizan del incremento de la criminalidad.
Una marcha pacífica con tensiones puntuales
La protesta, que comenzó a las 17:00 horas (hora local), fue en su mayoría pacífica, aunque se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional en la avenida Abancay, según informó el diario La República. Las fuerzas de seguridad formaron un cordón para controlar la situación, mientras los asistentes coreaban consignas como \»¡Para que no nos sigan matando!\» y exhibían pancartas que denunciaban la falta de seguridad en el país.
Rechazo al gobierno y críticas a la gestión de Boluarte
Los manifestantes culpan al gobierno de Boluarte de no haber logrado frenar la ola de violencia que azota Perú. Según los organizadores, durante su mandato se ha registrado \»el mayor número de muertes producto de la criminalidad\». La presidenta, sin embargo, defendió su gestión en un mensaje público, destacando que su administración ha detenido a 945 personas, desarticulado 45 bandas criminales e incautado 52 armas de fuego y 887 teléfonos móviles de \»dudosa procedencia\».
Boluarte hizo un llamado a la unidad y pidió no politizar la lucha contra el crimen organizado. \»No vamos a detenernos un solo minuto en la lucha frontal contra la delincuencia\», afirmó, según recogió la agencia Andina. Además, anunció el incremento de operativos policiales y militares en zonas críticas, como mercados negros donde se vende mercadería ilícita.
Moción de censura al ministro del Interior
En medio de la creciente tensión, el Congreso de Perú aprobó una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santívañez, cuestionado por los resultados de sus políticas de seguridad. Santívañez enfrentaba tres mociones de censura debido al aumento de la violencia en el país, que ha llevado a la declaración de estados de emergencia en varias provincias, incluidas Lima y Callao.
Pese a las medidas de emergencia, los asesinatos y extorsiones han continuado, lo que ha generado un clima de descontento generalizado entre la población. \»Las autoridades no han logrado garantizar nuestra seguridad, y eso es inaceptable\», declaró una manifestante durante la marcha.
Contexto histórico: Perú y la lucha contra la delincuencia
Perú ha enfrentado históricamente problemas de inseguridad, pero en los últimos años la situación se ha agravado. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica posterior han exacerbado las condiciones de pobreza y desigualdad, factores que, según expertos, contribuyen al aumento de la delincuencia. Además, la presencia de bandas criminales organizadas y el tráfico de drogas han complicado aún más el panorama.
En este contexto, los gobiernos han recurrido a medidas como los estados de emergencia y el despliegue militar en las calles, pero estas acciones no han logrado reducir significativamente los índices de criminalidad. \»La inseguridad es un problema estructural que requiere soluciones integrales, no solo medidas reactivas\», señaló un analista político consultado por este medio.
Fuentes y transparencia
La información presentada en esta noticia ha sido contrastada con fuentes como el diario La República, la agencia Andina y declaraciones oficiales del gobierno peruano. Además, se han incluido testimonios de manifestantes y expertos en seguridad para ofrecer una visión equilibrada del suceso.
Implicaciones y cierre
La movilización en Lima refleja el profundo malestar de la población peruana ante la inseguridad y la falta de resultados concretos por parte del gobierno. Mientras las autoridades insisten en que están trabajando sin descanso para combatir la delincuencia, los ciudadanos exigen acciones más efectivas y un plan integral que aborde las causas estructurales del problema. El desafío para el gobierno de Boluarte será responder a estas demandas sin perder la confianza de una sociedad cada vez más desesperada por vivir en paz.