ANP exige juicio inmediato por secuestro y tortura a periodistas en 2021
Seis profesionales sufrieron un ataque durante 7 horas en Guarayos. La Asociación Nacional de Periodistas denuncia impunidad y presiona al Tribunal de Sentencia de Concepción para que actúe. El juicio oral contra cinco acusados está pendiente desde hace casi cuatro años.
«Un episodio oscuro contra la libertad de prensa»
La ANP y sus nueve asociaciones departamentales calificaron el caso Las Londras como un violento atentado que marcó uno de los episodios más oscuros contra la libertad de prensa en democracia. Ocurrió el 28 de octubre de 2021, cuando seis periodistas cubrían un conflicto por tierras en Santa Cruz. Fueron emboscados, secuestrados y torturados durante más de siete horas por encapuchados armados.
Los acusados y los delitos
La ANP identificó a los cinco implicados: Paulino Camacho, Nelson Rivadeneira, Heber Canaza, Martín Tejerina y Nicolás Ramírez. Se les acusa de tentativa de asesinato, tortura, secuestro, robo agravado y atentado contra la libertad de prensa, entre otros delitos. «Las investigaciones fueron entorpecidas por cambios arbitrarios de fiscales y la liberación de acusados», denunció la asociación.
Justicia bajo presión
El Tribunal de Sentencia Primero de Concepción, integrado por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa, tiene ahora la responsabilidad de avanzar con el juicio. «La demora injustificada profundiza el dolor de las víctimas y debilita la confianza en la justicia», señaló la ANP. La institución anunció que vigilará el proceso para garantizar imparcialidad y respeto a los derechos humanos.
Un ataque que conmovió al país
El caso Las Londras involucró a 17 víctimas, entre periodistas, policías y civiles, durante un avasallamiento de tierras en Ascensión de Guarayos. Es considerado uno de los ataques más graves a la prensa en Bolivia desde el retorno a la democracia.
El reloj de la justicia sigue corriendo
La ANP insistió en que la sentencia debe reparar el daño causado y restaurar la confianza pública. «No permitiremos más dilaciones», advirtió, subrayando que el caso no puede quedar impune. La eficacia de este llamado dependerá de la acción judicial en las próximas semanas.
