Siete gobernaciones bolivianas declaran crisis financiera y exigen medidas urgentes al Gobierno central
Siete gobernaciones de Bolivia se declararon en “crisis” financiera y solicitaron una reunión urgente con el presidente Luis Arce para abordar un pliego de 10 demandas, entre las que destacan la mejora de las condiciones del fideicomiso de 1.500 millones de bolivianos y la flexibilización de los criterios de endeudamiento. Los gobernadores de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Pando se reunieron en Cochabamba este 20 de marzo, con participación virtual de algunos representantes, para exigir soluciones inmediatas ante el “estrangulamiento económico” que enfrentan.
Un grito de auxilio desde las regiones
Los gobernadores, liderados por Humberto Sánchez (Cochabamba), Mario Aguilera (Santa Cruz), Damián Condori (Chuquisaca) y Jhonny Vedia (Oruro), junto con los representantes de Tarija, Beni y Pando, presentaron un documento detallado que describe la gravedad de la situación. “Ante la emergencia y el estrangulamiento económico al cual nos enfrentamos, todos los puntos requieren una pronta solución”, declaró Aguilera, quien enfatizó que las demandas no han sido atendidas adecuadamente por el Gobierno central.
Entre las principales exigencias se encuentra la mejora de las condiciones del fideicomiso de 1.500 millones de bolivianos, propuesto por el nivel central, con tasas de interés y plazos más favorables. Además, los gobernadores piden la devolución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la condonación de saldos a favor del Tesoro General de la Nación (TGN).
Las 10 demandas clave
El pliego presentado por los gobernadores incluye puntos críticos como la flexibilización de los criterios técnicos para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, la garantía de los recursos del impuesto especial de hidrocarburos y la provisión de combustible para programas de inversión departamental. También exigen la reversión de obligaciones financieras transferidas a las gobernaciones, como los ítems de salud, refrigerios y bonos de vacunación, que consideran competencia del nivel central.
Otro punto destacado es la solicitud de una reunión urgente con el presidente Luis Arce para abordar en detalle los temas priorizados. “Es necesario que el Gobierno central entienda la gravedad de la situación y actúe de inmediato”, señaló Condori, gobernador de Chuquisaca.
Antecedentes y contexto histórico
Esta no es la primera vez que las gobernaciones enfrentan tensiones financieras con el Gobierno central. En 2020, con la Ley 1307, se registraron acciones similares relacionadas con la retención de recursos del IDH. La falta de coordinación entre niveles de gobierno y la centralización de decisiones han sido recurrentes en la política boliviana, lo que ha generado desequilibrios en la distribución de recursos y competencias.
Además, la crisis actual se enmarca en un contexto de desaceleración económica global y dificultades internas para reactivar la inversión pública y privada. Los gobernadores argumentan que, sin medidas urgentes, la capacidad de los departamentos para atender las demandas de la población se verá seriamente comprometida.
Repercusiones y próximos pasos
Las demandas de las gobernaciones han generado reacciones diversas. Mientras algunos sectores apoyan la urgencia de las medidas, otros critican la falta de propuestas concretas para mejorar la gestión interna de los recursos. “No se trata solo de pedir más dinero, sino de optimizar lo que ya tenemos”, señaló un analista económico consultado por ANF.
Por ahora, los gobernadores esperan una respuesta del presidente Arce en el plazo máximo de un mes. Mientras tanto, han anunciado que continuarán trabajando en mesas técnicas para abordar los puntos priorizados y buscar soluciones consensuadas.
La declaración de crisis financiera por parte de siete gobernaciones marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el Gobierno central y las regiones. Con un pliego de 10 demandas urgentes, los gobernadores buscan no solo aliviar la presión económica inmediata, sino también sentar las bases para una relación más equilibrada y coordinada entre los niveles de gobierno. La respuesta del Ejecutivo será clave para determinar el rumbo de esta crisis.
