Legisladores evistas exigen la salida de magistrados prorrogados del TCP y rechazan sentencia polémica
Diputados y senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) han declarado nula la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló la séptima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de 2024. Los legisladores, entre ellos Gualberto Arispe, Gladys Quispe y Leonardo Loza, exigen la salida inmediata de los magistrados prorrogados, a quienes acusan de actuar en favor del gobierno. La polémica sentencia, emitida en diciembre de 2024 pero notificada este 20 de marzo, ha generado un fuerte rechazo en el oficialismo, que advierte que su permanencia podría impedir las elecciones generales.
“A las buenas o a las malas”: La postura firme del oficialismo
“No van a renunciar, hay que agarrarlos del cuello y mandarlos a sus casas o mandarlos a la cárcel porque ese es su destino”, afirmó el diputado Gualberto Arispe, quien sostiene que la permanencia de los magistrados prorrogados en el TCP es un obstáculo para la celebración de elecciones generales. Por su parte, el senador Leonardo Loza insistió en la necesidad de acciones legales y sociales para sacar a los magistrados: “A las buenas o a las malas que se vayan”, declaró.
La diputada Gladys Quispe, en un acto simbólico, rompió una copia de la sentencia durante una sesión en la Cámara Baja. “Rechazamos esta sentencia constitucional, que para nosotros es nula de pleno derecho emanada de autoprorrogados”, expresó, acusando al TCP de actuar en función de los intereses del gobierno.
La sentencia que desató la polémica
La sentencia 0113/2024 del TCP, emitida el 27 de diciembre de 2024, declaró nula la convocatoria a la séptima sesión de la ALP del 6 de junio de 2024, presidida por Andrónico Rodríguez en suplencia legal. En esa sesión, se aprobaron dos proyectos de ley, incluido el cese de los magistrados prorrogados. Sin embargo, el TCP validó el decreto presidencial de amnistía e indulto y el contrato de préstamo para la construcción de una doble vía, lo que ha sido interpretado como un acto selectivo en favor del gobierno.
“El TCP debe ser el garante de la aplicación de la Constitución y de la legalidad, pero procede en función de los intereses del gobierno”, denunció Quispe, quien cuestionó la parcialidad del tribunal.
Antecedentes: La crisis del TCP y la prórroga de magistrados
La crisis del TCP se remonta a 2024, cuando los magistrados decidieron prorrogar sus mandatos sin el aval de la ALP, lo que generó un enfrentamiento entre los poderes del Estado. Desde entonces, el oficialismo ha denunciado que los magistrados actúan como un brazo político del gobierno, mientras que la oposición ha acusado al MAS de intentar controlar el tribunal.
La sentencia del TCP ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en Bolivia, un tema que ha estado en el centro de la política nacional desde la crisis postelectoral de 2019. La falta de consenso sobre la renovación de los magistrados ha dejado al país en un limbo institucional, con repercusiones directas en la celebración de elecciones generales.
Repercusiones y posibles escenarios
La permanencia de los magistrados prorrogados podría retrasar aún más las elecciones generales, advirtió Arispe, quien sostiene que su salida es una condición indispensable para garantizar la transparencia del proceso electoral. Por su parte, el senador Loza insistió en la necesidad de activar mecanismos legales y sociales para presionar su renuncia.
“Si queremos elecciones nacionales, debemos sacar a los autoprorrogados”, afirmó Arispe, quien no descarta la posibilidad de acciones más contundentes si los magistrados se niegan a abandonar sus cargos.
El rechazo a la sentencia del TCP y la exigencia de la salida de los magistrados prorrogados han puesto en evidencia la profunda división política en Bolivia. Mientras el oficialismo insiste en la necesidad de acciones inmediatas, la oposición y sectores críticos advierten sobre el riesgo de una judicialización de la política. El futuro del TCP y la celebración de elecciones generales dependerán de la capacidad de los actores políticos para encontrar una salida consensuada a la crisis institucional.