Estados Unidos sanciona a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción
Estados Unidos ha impuesto sanciones a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, prohibiéndole la entrada al país por su presunta participación en actos de corrupción durante su mandato. La medida, anunciada este viernes por el Departamento de Estado, también afecta al exministro de Planificación Julio De Vido. Ambos son acusados de beneficiarse de esquemas de soborno en contratos de obras públicas, lo que habría desviado millones de dólares del erario argentino.
Una sanción que enciende la polémica
La decisión estadounidense, impulsada por el jefe de la diplomacia Marco Rubio, ha generado un fuerte debate en Argentina. Rubio acusó a Kirchner de \»participación en corrupción significativa\» y de haber \»abusado de su posición para orquestar esquemas de soborno\». La expresidenta, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, rechazó las acusaciones y respondió con ironía en la red social X, cuestionando la moralidad de quienes la sancionan.
\»¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado\», escribió Kirchner, en una clara alusión al presidente argentino Javier Milei, quien ha sido vinculado a un escándalo con criptomonedas. Además, la expresidenta comparó su situación con la de los líderes de la dictadura militar argentina, señalando que a ellos \»nunca les prohibieron ingresar a Estados Unidos\».
Reacciones políticas y sociales
La sanción ha sido celebrada por el presidente Milei, quien compartió el comunicado de Rubio en sus redes sociales con un mensaje burlón: \»Che Cristina\». Milei, declarado admirador de Donald Trump, ha mantenido una relación tensa con Kirchner, líder de la oposición y principal figura del Partido Justicialista. \»Kirchner es una piedra en el zapato para Milei\», afirmó un analista político, refiriéndose a la oposición sistemática de su bloque a las reformas del gobierno.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos y sectores afines a Kirchner han criticado la medida, calificándola de \»intervencionistaselectiva\». \»Es curioso que se sancione a una expresidenta democrática mientras se ignoran los crímenes de la dictadura\», señaló un activista durante una manifestación en Buenos Aires.
Antecedentes judiciales y políticos
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta varios procesos judiciales en Argentina por presuntos actos de corrupción. En 2022, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por \»administración fraudulenta\» en la adjudicación de obras viales durante su presidencia. Sin embargo, la sentencia fue apelada y está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia.
Además, la expresidenta sobrevivió a un intento de asesinato en septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle a quemarropa. \»Este atentado no fue un hecho aislado, sino parte de una campaña de persecución política\», afirmaron sus abogados, quienes exigen investigar a los supuestos ideólogos del ataque.
Implicaciones y contexto histórico
La sanción de Estados Unidos se enmarca en una larga historia de tensiones entre Washington y los gobiernos kirchneristas. Durante su mandato, Kirchner mantuvo una relación compleja con Estados Unidos, acercándose a países como China e Irán, lo que generó críticas desde sectores conservadores estadounidenses. \»Kirchner permitió que actores malignos profundizaran su influencia corrupta en Argentina\», afirmó Rubio en 2021, cuando aún era senador.
Por otro lado, la medida coincide con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo en Argentina para recordar a las víctimas de la dictadura militar (1976-1983). \»Es irónico que se sancione a una líder democrática mientras se ignora el pasado oscuro de la dictadura\», señaló un historiador argentino.
La sanción a Cristina Fernández de Kirchner no solo profundiza la polarización política en Argentina, sino que también reabre el debate sobre la injerencia extranjera en asuntos internos. Mientras el gobierno de Milei celebra la medida, la oposición y sectores sociales la rechazan, asegurando que se trata de un intento por desacreditar a una de las figuras más influyentes de la política argentina. El caso seguirá generando repercusiones en un país marcado por la división y la lucha por la memoria histórica.