Mujeres exigen a candidatos reconocer su aporte económico en foro político
Organizaciones femeninas demandaron políticas de género y reducción de informalidad laboral. El evento reunió a 300 personas y candidatos de siete partidos en Cochabamba. Solo una vicepresidencial asistió, evidenciando falta de compromiso con la agenda de igualdad.
«No pedimos privilegios, exigimos derechos en igualdad»
El foro «Transformando Bolivia», organizado por el Movimiento Juntas Hacemos Historia, destacó la invisibilización del trabajo de cuidados y la informalidad que afecta al 70% de las mujeres. Lucía Vargas, de la Coordinadora de la Mujer, subrayó: «No hay desarrollo sostenible sin justicia económica de género». Los candidatos respondieron a preguntas sobre fiscalidad, empleo y corresponsabilidad en cuidados.
Brecha entre demandas y propuestas
Carla Gutiérrez (Centro Gregoria Apaza) calificó las respuestas sobre cuidados como «superficiales y dispersas». Mónica Chuquimia añadió: «Falta visión estructural para transformar las condiciones económicas de las mujeres». El Movimiento denunció que el modelo actual ignora su aporte, sin políticas claras para empleo digno o acceso a financiamiento.
Posturas políticas en contraste
Andrés Ortega (ADN) defendió la libertad individual económica, mientras María Nela Pérez (MAS) propuso «diferimientos crediticios y menos burocracia». Mariana Prado (Alianza Popular), única vicepresidencial presente, prometió un sistema nacional de cuidados. Wanda Medrano (Alianza Libre) planteó leyes contra discriminación por maternidad.
Un modelo que sigue sin verlas
Bolivia arrastra una economía donde el trabajo femenino no remunerado equivale al 20% del PIB, según datos citados por el Movimiento. La pandemia exacerbó la informalidad, que concentra al 68% de las trabajadoras, sin acceso a seguridad social. Foros como este buscan revertir esa invisibilidad desde 2020.
La pelota está en su cancha
El evento evidenció la desconexión entre la urgencia de las demandas y las respuestas improvisadas. Con una agenda respaldada por 1.500 mujeres de 550 organizaciones, la presión electoral sigue vigente para incorporar políticas de género concretas.
