Candidatos critican pacto de Alianza Popular para proteger a Evo Morales
Mariana Prado condicionó su candidatura a no actuar contra el expresidente. Reyes Villa y Tuto Quiroza rechazaron el acuerdo y anunciaron acciones legales. El líder del MAS enfrenta denuncias por trata de personas y bloqueos violentos.
«Evo Morales enfrentará a la ley»
Manfred Reyes Villa (Súmate) aseguró en redes sociales que aplicará «justicia» y orden en el Trópico de Cochabamba, región clave para Morales. Advirtió que terminará con los bloqueos que restringen el libre tránsito. Su declaración responde a la revelación de Prado sobre el pacto con Andrónico Rodríguez.
El testimonio que desató la polémica
Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, confirmó en una entrevista que exigió no actuar contra Morales como condición para unirse al binomio: «Si es contra Evo, no cuentes conmigo». Rodríguez aceptó el acuerdo, según su relato.
Tuto Quiroga arremete contra la «lealtad» al evismo
El candidato de Libre desafió a los aliados de Morales a explicar su «devoción» por quien «hizo tanto daño al país». Los calificó como «llunk’us» (término despectivo para seguidores incondicionales) y aseguró que su influencia terminará tras las elecciones del 17 de agosto.
Las sombras legales sobre Morales
El expresidente acumula denuncias penales: una orden de aprehensión por trata de personas sigue sin ejecutarse, y se investiga su presunta vinculación con bloqueos, incluido el de Llallagua donde murieron policías. Las pesquisas avanzan con lentitud, según el texto.
Una polarización que no cesa
El evismo sigue dividiendo a la clase política boliviana. Mientras Alianza Popular negocia su protección, opositores como Reyes Villa y Quiroga capitalizan el rechazo a su figura. Los casos judiciales pendientes añaden tensión a meses clave de campaña electoral.
Justicia y urnas, los próximos capítulos
El futuro de Morales dependerá de los resultados electorales y el avance de las causas judiciales. Sus aliados insisten en blindarlo, pero sus rivales prometen priorizar las acciones legales. La ciudadanía espera respuestas sobre los casos de violencia y presunta impunidad.