Demócratas acusan a Paramount de «sobornar» a Trump

Legisladores demócratas denuncian un pago de 16 millones de Paramount a Trump como posible cohecho, pero expertos legales dudan de su ilegalidad.
POLITICO

Demócratas acusan a Paramount de «sobornar» a Trump, pero expertos lo dudan

Paramount pagó 16 millones de dólares para resolver una demanda de Trump. Legisladores demócratas denuncian posible cohecho, mientras expertos legales señalan falta de pruebas de un «quid pro quo». El acuerdo se enmarca en la fusión pendiente de la empresa con Skydance.

«Parece corrupción, pero no es delito»

Senadores como Elizabeth Warren (D-MA) y Ron Wyden (D-OR) calificaron el pago como «un soborno por la aprobación de la fusión». Sin embargo, Randall Eliason, exfiscal federal, aclara que «la corrupción es más amplia que el cohecho penal». Para probar delito, se necesitaría evidenciar un acuerdo explícito entre Trump y Paramount, algo que no se ha demostrado.

Los detalles del acuerdo

Paramount llegó a un acuerdo extrajudicial con Trump tras una demanda por una entrevista editada en «60 Minutes» que, según él, perjudicó su campaña. La empresa no se disculpó y defendió en tribunales que la demanda carecía de fundamento legal. El pago se destinó a la biblioteca presidencial de Trump.

Reacciones políticas y legales

Demócratas en la Cámara también cuestionaron acuerdos de firmas legales que ofrecieron servicios pro bono a causas de Trump. Abogados como John Keller ven esto como «trueque político» más que cohecho. Ryan Crosswell, exfiscal y candidato demócrata, sugiere que podrían investigarse si su partido recupera el Congreso en 2026.

Antecedentes: Una batalla mediática y legal

Trump demandó a CBS y Paramount en 2024, acusando a «60 Minutes» de manipular una entrevista con Kamala Harris. La controversia aumentó cuando Paramount empezó a supervisar más el contenido del programa. Ahora, accionistas como la Freedom of the Press Foundation amenazan con demandar a la empresa por el acuerdo con Trump.

Un cierre incierto

Mientras los demócratas presionan por investigaciones futuras, los expertos insisten en que no hay base legal clara para cargos penales. El caso refleja tensiones entre poder político y sector privado, pero, por ahora, queda en acusaciones sin pruebas concluyentes.