Juez estadounidense autoriza deportación de ocho hombres a Sudán del Sur
La medida afecta a personas recluidas en una base militar en Yibuti. Un tribunal federal rechazó su último recurso legal tras una batalla judicial de semanas. El fallo se produce horas antes del vuelo programado para este viernes.
«La Corte Suprema tiene la última palabra»
El juez federal Brian Murphy denegó una moción de emergencia para detener la deportación, argumentando que el máximo tribunal ya había zanjado el caso dos días antes. Los ocho hombres, actualmente alojados en un contenedor en la base militar estadounidense Camp Lemonnier, enfrentan su traslado a Sudán del Sur, un país en conflicto.
Una batalla judicial frenética
Los abogados de los afectados presentaron recursos en Washington D.C. y Massachusetts, pero el juez Randolph Moss decidió «devolver el caso a Murphy», alegando que las reclamaciones eran similares a las ya resueltas. El Departamento de Estado advierte de los riesgos para civiles en Sudán del Sur, pero el gobierno estadounidense insiste en que solo uno de los deportados es originario del país.
Polémica por las condiciones
El juez Moss criticó que «EE.UU. no puede enviar a personas a lugares donde su integridad corra peligro», aunque reconoció que la Corte Suprema había allanado el camino para la deportación. Los hombres llevan seis semanas en Yibuti tras un intento fallido de enviarlos a Libia.
De ida y vuelta en los tribunales
El caso comenzó en mayo cuando Murphy bloqueó inicialmente las deportaciones, exigiendo notificación previa y derecho a impugnación. La Corte Suprema anuló después sus órdenes, sin explicar sus motivos, lo que generó incertidumbre jurídica. El gobierno de Trump defendió la medida, alegando que todos los afectados tenían antecedentes penales, aunque ya habían cumplido sus condenas.
Vuelo con destino incierto
La deportación, prevista para las 19:00 hora del este, marca el final de un proceso judicial complejo. Las autoridades insistieron en que los traslados a terceros países son necesarios cuando las naciones de origen no cooperan. Sin embargo, los jueces han cuestionado repetidamente los riesgos humanitarios.
