Jueces eluden prohibición de medidas cautelares nacionales contra políticas de Trump
Magistrados aplican alternativas legales para bloquear acciones federales. Tras el fallo del Tribunal Supremo que limita las órdenes judiciales de alcance nacional, jueces recurren a demandas colectivas y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) para restringir políticas migratorias y sanitarias.
«No es una injunción, pero el efecto es el mismo»
Desde el fallo del Tribunal Supremo el 28 de junio, tres jueces federales han emitido resoluciones con impacto nacional contra políticas de Trump. Randolph Moss (Obama) anuló la prohibición de asilo en la frontera sur, John Bates (Bush) ordenó restaurar datos sobre género en webs sanitarias, y William Young (Reagan) revocó recortes a becas de investigación. Todos citaron la APA o demandas colectivas.
Estrategias legales en juego
La APA permite a los tribunales «anular» acciones ilegales de agencias federales, mientras que las demandas colectivas agrupan a afectados con reclamos similares. El Departamento de Justicia acusó a Moss de «actuar por su cuenta», pero los magistrados insisten en que sus fallos son «medidas específicas».
El largo camino de las batallas legales
El fallo del Tribunal Supremo surgió de casos sobre ciudadanía por nacimiento, pero su aplicación sigue en debate en múltiples tribunales. La Corte del 9º Circuito revisa bloqueos a la prohibición de personas transgénero en el ejército y al recorte de refugiados. Mientras, jueces piden a las partes definir cómo ajustar sus demandas.
Un precedente con grietas
Trump promovió la prohibición de injunciones nacionales para acelerar su agenda, pero la resistencia judicial persiste. Entre 2020 y 2025, sus políticas enfrentaron más de 100 impugnaciones, muchas lideradas por estados demócratas y ONGs. La APA, creada en 1946, se ha convertido en un arma clave contra cambios regulatorios abruptos.
El tablero sigue en movimiento
Aunque el Tribunal Supremo limitó una herramienta, los opositores a Trump ya se adaptan. El impacto real de la decisión se verá en los próximos meses, mientras jueces evalúan casos migratorios, sanitarios y presupuestarios. La batalla legal por el alcance de las sentencias continúa.
