El Tribunal Supremo revisará la inmunidad de entidades estatales tras accidentes de autobús

NJ Transit enfrenta demandas en Pennsylvania y Nueva York por atropellos fuera de Nueva Jersey. El alto tribunal resolverá si la agencia de transporte, creada por el estado, goza de inmunidad soberana en otros territorios. La decisión podría afectar a empresas públicas como MOHELA, el gestor de préstamos estudiantiles de Misuri.

Autobuses, fronteras y un vacío legal

El Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó analizar dos casos contra NJ Transit, cuyos autobuses supuestamente atropellaron a personas en Pennsylvania y Manhattan. Los demandantes alegan que la agencia no merece inmunidad estatal, pese a ser una entidad pública. La corte ya generó dudas en 2019 al prohibir demandar a un estado en tribunales ajenos sin su consentimiento.

Dos estados, dos interpretaciones

Mientras Pennsylvania bloqueó una demanda por inmunidad soberana, Nueva York permitió seguir adelante con otra. NJ Transit defiende que solo puede ser demandada en Nueva Jersey, su sede. «Es una situación insostenible», admitieron sus abogados, ya que sus buses operan en tres estados.

¿Empresa pública o «multinacional del transporte»?

Los abogados de las víctimas tildan a NJ Transit de «corporación multimillonaria que compite con empresas privadas». Michael Kimberly, representante de un afectado, argumentó que «los Fundadores jamás imaginaron inmunidad para entidades así». Sin embargo, fiscales generales de Texas, Virginia y hasta Pennsylvania apoyan a NJ Transit, alegando que cada estado debe definir sus agencias públicas.

Un precedente con ramificaciones

El fallo podría impactar a MOHELA, el gestor de préstamos estudiantiles de Misuri, también en litigios. Misuri ya pidió al Supremo que lo proteja de demandas «con daños millonarios». Aunque no se revisará su caso directamente, la sentencia sobre NJ Transit marcará límites para la inmunidad de entidades públicas.

¿Inmunidad en movimiento?

NJ Transit cuestiona que sus trenes y buses cambien de estatus legal al cruzar fronteras. «La inmunidad no debería activarse y desactivarse en cada parada», señalaron sus abogados. El Supremo escuchará los argumentos a finales de 2025 o inicios de 2026.

Una sentencia con viaje largo

La decisión aclarará el alcance de la inmunidad estatal para entidades públicas que operan fuera de sus fronteras, afectando desde transporte hasta educación. Sin juicios de valor: el tribunal solo delimitará hasta dónde llega el escudo soberano.