Trump solicita al Tribunal Supremo autorización para despedir a miembros de la CPSC
El expresidente busca destituir a tres comisionados nombrados por Biden. La petición judicial, presentada este miércoles, profundiza el conflicto sobre los límites del poder presidencial en agencias federales. Un juez ya ordenó su reinstalación por considerar los despidos ilegales.
«La batalla por el control de las agencias»
El Departamento de Justicia, representado por el abogado general John Sauer, alega que los comisionados «han generado caos en la agencia» al revertir decisiones tomadas tras su destitución en mayo. La CPSC regula estándares de seguridad para productos de consumo en EE.UU., desde juguetes hasta electrodomésticos.
El pulso legal
Trump despidió a Mary Boyle, Alexander Hoehn-Saric y Richard Trumka Jr. sin alegar «negligencia o mala conducta», requisito exigido por la ley que rige la CPSC. Un tribunal de Baltimore y el 4° Circuito de Apelaciones bloquearon los despidos, pero el Tribunal Supremo ya avaló medidas similares en mayo contra miembros de otras agencias laborales.
El precedente histórico
El caso gira en torno a la doctrina del «ejecutivo unitario», que amplía la autoridad presidencial. En 1935, el fallo «Humphrey’s Executor» limitó ese poder, pero la actual mayoría conservadora del Supremo ha reducido su alcance. Sauer acusa a los tribunales inferiores de ignorar el precedente reciente.
Un tablero institucional en disputa
La CPSC, creada en 1972, opera con cinco miembros de mandatos escalonados para evitar injerencias políticas. El 60% de sus regulaciones afectan a productos infantiles. Los comisionados destituidos impulsaron normas más estrictas sobre sustancias tóxicas en artículos escolares antes de su remoción.
La pelota está en el tejado de Roberts
El juez presidente John Roberts debe decidir si suspende temporalmente la reinstalación de los comisionados. Su resolución podría anticipar una revisión total del equilibrio de poderes entre la Presidencia y las agencias independientes. Los afectados argumentan que un nuevo despido «alteraría el statu quo» perjudicando la seguridad ciudadana.
