Cívicos de Potosí rechazan contratos del litio y amenazan protestas

El Comité Cívico Potosinista exige anular acuerdos con empresas de China y Rusia, denunciando falta de consulta previa y garantías ambientales.
El Deber

Cívicos de Potosí rechazan contratos del litio y amenazan con protestas

El Comité Cívico Potosinista exige anular acuerdos con empresas de China y Rusia. Dirigentes advierten con movilizaciones si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley 197. Denuncian falta de consulta previa y garantías ambientales.

«Traición al pueblo potosino»

Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), lideró una delegación en La Paz para rechazar «rotundamente» los contratos firmados por el Gobierno con las empresas CBC (China) y Uranium One (Rusia). «No se consideró la flora, fauna ni el recurso hídrico», declaró frente a la Cámara de Diputados.

Advertencias a los legisladores

Pérez fue contundente: «Aquel diputado que apruebe estos contratos será declarado traidor». Dirigió críticas específicas a la senadora oficialista Ana María Castillo, a quien acusó de «traicionar al pueblo potosino». COMCIPO no reconoce sus declaraciones y asegura que los parlamentarios que respalden el proyecto «no tendrán pisada en Potosí».

Contratos bajo la lupa

Los acuerdos buscan producir carbonato de litio en los salares de Pastos Grandes y Uyuni. Sin embargo, organizaciones locales denuncian que no hubo consulta previa ni evaluación ambiental adecuada. Pérez afirmó que Potosí está «en estado de emergencia» y listo para salir a las calles si se aprueba el proyecto de ley 197.

Un litio que divide

El litio boliviano, clave para la transición energética global, ha generado tensiones recurrentes entre el Gobierno central y las regiones productoras. Potosí, históricamente marginada pese a su riqueza mineral, exige mayor participación en las decisiones y beneficios de su explotación.

La pelota está en el Legislativo

El tratamiento del proyecto de ley 197 en la Cámara de Diputados marca un punto crítico. La advertencia de COMCIPO de declarar «traidores» a los legisladores que lo aprueben añade presión a un proceso ya tensionado por demandas sociales y ambientales no resueltas.