Concejales de UCS reciben descuentos por inasistencia a sesiones
Miguel Fernández y Gabriela Garzón acumulan sanciones de Bs 4.000 en tres meses. El Concejo Municipal de Santa Cruz aplica el reglamento ante las faltas reiteradas. Los ediles alegan «ilegalidad» en las convocatorias.
«Descuentos y disputas en el bolsillo político»
El presidente en ejercicio, José Alberti, confirmó que se aplicó un descuento de Bs 500 por sesión no atendida. Los registros de la Secretaría de Administración muestran rebajas de Bs 1.684 por tres inasistencias. «Hemos hecho cumplir el reglamento», afirmó Alberti. Los concejales suplentes de UCS también se vieron afectados, al no recibir remuneración durante tres meses.
La justificación de los sancionados
Fernández y Garzón argumentan que no reconocen a la actual directiva, a la que califican de «trucha». «Las sesiones son ilegales porque cambiaron convocatorias y lugares sin respetar el reglamento», declaró Garzón. EL DEBER intentó obtener su versión, pero no respondieron.
El Concejo en pausa judicial
Alberti suspendió las sesiones hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronuncie sobre la validez de las credenciales de dos suplentes de UCS. «El TED actuó sin respaldo pleno del TSE», advirtieron vocales electorales. El presidente interino pidió paciencia a los ediles: «Voy a defender la norma».
Oficinas ocupadas sin aval
Alberti denunció que Denny Guzmán y Andrea Negrete (suplentes en disputa) ocuparon oficinas municipales «arbitrariamente». Según el reglamento, esos espacios corresponden al presidente y secretario electos. El TED defendió sus actuaciones, alegando ajuste a la Constitución.
Un conflicto con raíces electorales
La crisis comenzó cuando el TED Santa Cruz entregó credenciales sin cerrar procedimientos ante el TSE. Los titulares Israel Alcócer y Marcelo Mucarzel presentaron una denuncia penal, mientras los suplentes insisten en su legitimidad. El caso paraliza las sesiones desde mayo.
A la espera del TSE
La resolución del tribunal electoral determinará si se normalizan las sesiones o persisten las sanciones. Mientras, los descuentos administrativos reflejan el choque entre el reglamento y la protesta política de los concejales ucesistas.
