Diputado denuncia que solo operan 60 de 202 plantas industriales estatales
El legislador Aldo Terrazas acusa a tres ministerios de gestionar fábricas no rentables. La denuncia señala inversiones millonarias con bajos retornos, como plantas de papa frita y biodiésel. El Gobierno no se ha pronunciado aún sobre las afirmaciones del opositor.
«Corrupción organizada» en plantas estatales, según oposición
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas afirmó que solo 60 de las 202 plantas industriales impulsadas por el Gobierno de Luis Arce (MAS) están operativas. Las restantes estarían «abandonadas o en construcción», según su versión. «Esto es una corrupción totalmente organizada», declaró, aunque no presentó pruebas documentales.
Inversiones sin rentabilidad
Terrazas criticó que algunas fábricas, como las de papa frita o charque de llama, «no generan ganancias». Ejemplificó con supuestos casos donde se invirtieron 140 millones de bolivianos para producir solo 10.000 bolivianos mensuales. Pidió a los ministerios involucrados «abrir los libros» para transparentar las finanzas.
Tres ministerios en la mira
Las plantas cuestionadas están bajo administración de los ministerios de Hidrocarburos, Desarrollo Plural y Planificación. Terrazas exigió que expliquen el uso de 29.000 millones de bolivianos invertidos en estos proyectos, algunos «abandonados», como las piscícolas de Sacaba y Yacuiba.
El biodiésel caro y las dudas
El legislador cuestionó especialmente las plantas de biodiésel en Palmasola (Santa Cruz) y Senkata (El Alto), donde el litro costaría 16 bolivianos, frente al precio de importación de menos de un dólar. «Es una total irresponsabilidad», aseguró, vinculando estos proyectos a la Ley 1407 de 2021.
Un plan bajo sospecha
Las plantas industriales fueron promovidas por el MAS como parte de su política de industrialización. Terrazas insiste en que se construyeron «bajo el calor político» sin estudios de mercado, replicando un modelo que, según él, ya había fracasado en gestiones anteriores.
A la espera de respuestas oficiales
La denuncia pone en duda la eficiencia de la inversión pública en industrialización. El Gobierno no ha respondido aún a las acusaciones, mientras el legislador anticipa que la Contraloría y la Fiscalía no actuarán sobre su reclamo.