Policía boliviana captura a presunto francotirador y halla armas en Llallagua

Se incautaron municiones de guerra y explosivos en allanamientos vinculados a bloqueos violentos. Los operativos, con 330 efectivos, responden a la muerte de cuatro policías y un civil durante protestas en junio. Las detenciones incluyen a un líder indígena y dos hermanos investigados por los homicidios.

«Operativo de alto impacto en el norte de Potosí»

La Policía y el Ministerio Público ejecutaron allanamientos en diez domicilios de Llallagua, Catavi y Uncía. Jorge Galo Chiri, presunto francotirador, y su hermano Samuel fueron arrestados. En su vivienda se halló «munición de calibre 7.65 y 9 milímetros, mecha lenta, detonadores y anfo», según el viceministro Johnny Aguilera.

Armamento y vínculos con protestas

Además del material bélico, se incautaron Bs 46.500 y documentos de autoridades indígenas. Raúl Achacata Choquetupa, líder de la FAOI-NP, también fue allanado. La Fiscalía de Potosí confirmó que Chiri fue identificado en el lugar de los hechos con un arma. Se realizarán pruebas balísticas para verificar su participación en los crímenes.

Tras la pista de los bloqueos mortales

Los operativos investigan la muerte de tres policías abatidos a tiros el 12 de junio en Llallagua, otro por explosivo en Cochabamba y un civil. 13 personas ya enfrentan procesos penales, incluyendo cuatro adolescentes en custodia. El caso se divide en dos causas: homicidios en Oruro y destrucción de instalaciones policiales en Llallagua.

Implicaciones políticas

Las protestas fueron impulsadas por seguidores de Evo Morales para exigir su habilitación como candidato. El Gobierno denunció penalmente al expresidente por terrorismo y obstrucción electoral. El presidente Luis Arce calificó las muertes como «crueles asesinatos», mientras Morales se deslindó de responsabilidades.

Un conflicto que viene de lejos

Las tensiones se agravaron tras el fallo del Tribunal Constitucional que prohibió la reelección indefinida. Los bloqueos de junio, que duraron once días, marcaron el punto álgido de un enfrentamiento entre el oficialismo y sectores afines a Morales.

Justicia en marcha

Las autoridades aseguran que continuarán los operativos para capturar a más implicados. El viceministro Aguilera definió el caso como «una acción político-criminal». Los resultados de las pruebas balísticas y el avance de las causas judiciales determinarán el alcance de las responsabilidades.