Policía boliviana detiene a cinco implicados en asesinato de cuatro agentes en Llallagua

Entre los aprehendidos hay un presunto francotirador. Los hechos ocurrieron durante los bloqueos de grupos afines a Evo Morales en junio. La Fiscalía imputa delitos como asesinato y destrucción de bienes públicos.

«Francotirador capturado con pruebas materiales y testificales»

Este martes, la Policía Nacional realizó operativos en Llallagua, Catavi y Uncía (Potosí), donde aprehendió a cinco personas, incluido Galo Jorge Ch., señalado como francotirador. «Disparó desde 100 metros de distancia», afirmó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Se decomisaron municiones de guerra y explosivos durante los allanamientos.

Estructura criminal desarticulada

Las detenciones apuntan a una red con tres niveles: financiamiento, ideación y ejecución. El Ministerio Público procesa a los detenidos por asesinato, lesiones graves y daños al Estado. Hasta ahora, 13 personas enfrentan cargos, mientras cuatro adolescentes están en un centro de custodia.

Violencia que dejó luto y heridas

Los enfrentamientos comenzaron en junio, cuando grupos evistas bloquearon Llallagua por más de 10 días. La intervención policial para despejar las protestas derivó en la muerte de cuatro agentes y más de 30 heridos. Las investigaciones se dividen en dos causas: una por los homicidios (trasladada a Oruro) y otra por destrozos en comisarías.

Un conflicto que escaló rápido

Las protestas en Potosí formaban parte de las movilizaciones nacionales de simpatizantes de Evo Morales, que incluían restricciones al transporte de alimentos. El Gobierno envió fuerzas de seguridad para restablecer el orden, pero la violencia escaló con ataques a instalaciones policiales, incluyendo la FELCV y el Comando Regional.

Justicia en marcha, pero con preguntas

Las autoridades aseguran que las pruebas recopiladas son «suficientes para lograr sentencias». Sin embargo, el caso sigue abierto, con pruebas balísticas pendientes y audiencias de medidas cautelares por definir. La repercusión para los ciudadanos radica en la posible judicialización de más implicados y el impacto en la seguridad pública.