Alianza Unidad rechaza demanda del MAS para anular su personalidad jurídica

La agrupación de Samuel Doria Medina niega vínculos con crimen organizado. Respondió al diputado Rolando Cuéllar, quien solicitó al TSE inhabilitar la sigla por presunto financiamiento ilícito. El conflicto surge tras conocerse el parentesco de una excandidata con un narcotraficante condenado.

«Traído de los cabellos y delirante»: la defensa de la Alianza

La Alianza Unidad calificó la acusación del diputado masista como «un argumento sin fundamento». En un comunicado, afirmó: «Somos gente de trabajo y de bien, que nada tiene que ver con el crimen organizado». La agrupación aseguró que combatirá este delito «con toda la fuerza de la ley».

El origen de la polémica

Cuéllar presentó ayer una demanda ante el TSE para cancelar la personería jurídica de la Alianza, tras revelarse que María Karla Beatriz Robledo, excandidata del partido, es hija de Carlos Arturo Robledo Áñez, condenado por narcotráfico en EE.UU.

«Tutistas y masistas se alinean contra el cambio político»

La Alianza vinculó la denuncia de Cuéllar con las críticas de Tomás Monasterio, vocero de Jorge Quiroga. Según el comunicado, ambos sectores buscan «frenar el desplazamiento de la política tradicional» que representaría un gobierno de Doria Medina. Acusaron al diputado de intentar «judicializar la política» para ganar notoriedad.

Una batalla con trasfondo electoral

El MAS y sectores afines a Quiroga han aumentado sus críticas a la Alianza Unidad desde que esta se consolidó como tercera fuerza en las encuestas. La demanda judicial se enmarca en un contexto de polarización previo a las elecciones de 2025.

El TSE tendrá la última palabra

La resolución del Tribunal Supremo Electoral determinará si procede la inhabilitación de la sigla. Mientras tanto, la Alianza mantiene su campaña bajo la premisa de distanciarse de lo que llama «prácticas antidemocráticas».