Viceministro denuncia control político y violencia encubierta en el Trópico
Jhonny Aguilera revela amenazas, expulsiones y fosas de narcotráfico en Cochabamba. Una facción busca imponer poder paralelo mediante intimidación y manipulación electoral, según el viceministro. Operativos policiales recientes hallaron crímenes vinculados a bandas criminales.
«El Trópico no es tierra de nadie, pero hay dinámicas disfuncionales»
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, alertó que grupos políticos en el Trópico de Cochabamba usan violencia y amenazas para neutralizar opositores. «Pretenden consolidar una estructura que ignora el derecho a la libre elección», afirmó en entrevista con EL DEBER Radio. Los operativos policiales descubrieron fosas de maceración ligadas al narcotráfico, mientras líderes locales exigen lealtad bajo coerción.
Crímenes y justicia encubierta
Aguilera vinculó cuatro muertes en 2024 a una estafa por venta de armas, con detenidos. En Yapacaní, la banda de Ariel Villarroel asesinó a una víctima con 16 tiros, intentando disfrazarlo como «justicia comunitaria». «Es una estrategia para evitar la presencia policial», denunció. Los habitantes enfrentan multas o expulsión si no acatan órdenes de líderes políticos.
Elecciones bajo presión
El Gobierno coordina con autoridades sindicales (no políticas) para garantizar el voto. «Trabajamos para impedir que se materialicen las amenazas de exclusión», dijo Aguilera. Aseguró que, pese a la coerción, los mecanismos estatales protegerán el derecho al sufragio.
Una región en crisis institucional
El Trópico de Cochabamba enfrenta una erosión del Estado de derecho, con bandas criminales y facciones políticas que operan mediante violencia y control territorial. Aguilera rechazó que sea «tierra de nadie», pero admitió obstáculos para la labor policial y judicial.
El Estado no cederá terreno
Las declaraciones del viceministro destacan la tensión entre grupos ilegales y las instituciones. La prioridad es garantizar seguridad y derechos civiles, aunque persisten desafíos para desarticular redes criminales y políticas en la región.